El Gobierno impone de nuevo la mascarilla obligatoria al aire libre
Pedro Sánchez anuncia en la Conferencia de Presidentes una medida que no figuraba entre las recomendaciones de los expertos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a los presidentes autonómicos establecer la obligatoriedad de uso de las mascarillas en exteriores. Estas medida, que será aprobada mañana en una reunión del Consejo de Ministros extraordinaria, no figura en el documento elaborado por la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta.
La vuelta a la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre era una de las peticiones de varias comunidades autónomas. Sin embargo, numerosos expertos han cuestionado su necesidad. Más de un centenar de expertos españoles escribieron en marzo una. carta pública instando a las autoridades a “replantear las recomendaciones de prevención”, teniendo en cuenta que “la probabilidad de contagio al aire libre es al menos veinte veces menor que en interiores”. También la Asociación Madrileña de Salud Pública pidió la anulación de esta “absurda” obligatoriedad de las mascarillas al aire libre en el mes de abril. Finalmente, el Gobierno decidió en junio retirar esa medida que seis meses después recupera con el argumento de la expansión de la sexta ola.
En la Conferencia de Presidentes de este miércoles, el presidente ha también ha propuesto la intensificación y aceleración del proceso de vacunación y ha puesto encima de la mesa los siguientes objetivos: vacunar al 80% de la población entre 60 y 69 años con la tercera dosis antes de que finalice el año; que el 80% de entre 50 y 59 años lo esté en la semana del 24 de enero. y que el 80% de entre 40 y 49 años tenga la dosis de refuerzo en la primera semana de marzo. Además, que el 70% de los niños entre 5 y 11 años cuente con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero y que el 70% tenga la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril.
Ante la sobrecarga en la atención primaria y el aumento de los ingresos hospitalarios, Sánchez ve necesario un refuerzo de los recursos humanos de los servicios sanitarios por lo que habilitará legalmente la posibilidad de que los centros públicos y privados puedan contratar personal sanitario jubilado y prejubilado. También se habilitará a las comunidades para que puedan contratar «profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembro de la UE».
También ha defendido un plan de acción en atención primaria y comunitaria con la idea de «aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%». «Los Presupuestos Generales del Estado destinarán 292 millones de euros a este plan, la mayor parte transferidos a las comunidades autónomas», señala el Gobierno.
