Cuarto varapalo judicial a la demanda de la D.O. Bierzo contra siete exconsejeros
La Audiencia Provincial de León desestima el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Regulador contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil de inhibirse en un pleito que dura ya varios años.
El intrincado laberinto judicial comenzó a raiz de la indemnización que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo tuvo que abonar en el año 2010 a una viticultora particular tras ser descalificada su uva como DO Bierzo. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El Consejo Regulador decidió entonces reclamar a su aseguradora Chubb Insurance Company of Europe y a siete de los doce consejeros que formaban parte del órgano de gestión en el año 2000 el importe de esa indemnización, 114.228,43 euros más intereses, por haber asistido al pleno del día 12 de mayo de 2000 que autorizó incluir como mejorantes para elaborar los vinos las variedades chardonnay, cabernet, merlot y tempranillo.
La demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ponferrada, que además impuso el pago de las costas al Consejo Regulador. La DO recurrió la sentencia en apelación a la Audiencia Provincial de León, que falló de nuevo en su contra, dándole la razón a la aseguradora.
A pesar de estos dos reveses, el Consejo Regulador de la DO Bierzo volvió a inteponer otra demanda, esta vez ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 y de lo Mercantil de León, que en un auto emitido en octubre de 2018 declaró «la falta de jurisdicción de los tribunales para el conocimiento del asunto objeto del presente procedimiento», en lo que atañe a la responsabilidad de los siete consejeros. En cuanto a la aseguradora, el auto declara «la falta de competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil».
El recurso de apelación interpuesto por el Consejo Regulador ante la Audiencia Provincial ha recibido ahora un varapalo al ser desestimado en un auto dictado el pasado 25 de junio, en el que además los tres magistrados que formaban la sala le imponen el pago de las costas judiciales del recurso.
