El juez De la Mata abre juicio oral en la última pieza de la trama Gürtel
Entre los acusados que se sentarán en el banquillo se cuentan el empresario José Luis Ulibarri y el asesor Ramón Blanco Balín.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del caso Gürtel contra un total de 26 personas físicas, a las que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas que ascienden a más de 199 millones de euros. Entre los procesados se encuentran el empresario José Luis Ulibarri, propietario de Diario de León entre otros medios de comunicación, y el asesor Ramón Blanco Balín.
En un auto, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal por hechos constitutivos de delitos contra la Hacienda pública, continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. De la Mata envía a juicio también a un total de 20 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios.
En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Francisco Correa y Pablo Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigas en las piezas separadas», dice el juez, y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.
La resolución acuerda sentar en el banquillo a los responsables del llamado Grupo Correa, a sus asesores fiscales –entre ellos el berciano Ramón Blanco Balín–, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron durante la época de la Gürtel en la operativa para eludir pagos a la Hacienda pública y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.
Las responsabilidades pecuniarias reflejadas en el auto a las que deben hacer frente los acusados son el resultado de las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudiera imponerse en sentencia.
Ramón Blanco Balín debe ser imputado, explica el magistrado, a título de cooperadores necesarios a la vista de la posición que han desempeñado en sus respectivas épocas y tareas en el diseño y desarrollo de las estructuras societarias. «Su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación», añade.
