El PP se abstiene en la votación del plan para el servicio de autobuses
El portavoz popular en el Ayuntamiento, Marco Morala, destaca que el acuerdo adoptado supone mantener dos años la situación alegal del TUP que comenzó en el mandato de Riesco.
El acuerdo de la comisión especial de estudio del expediente de municipalización del TUP, que establece un primer período transitorio hasta mediados de 2020 para licitar un contrato puente y otro de dos años para la ejecución de ese contrato, no satisface al primer grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada.
“Este acuerdo garantiza mantener la actual situación de alegalidad durante el 2019 y seis meses del 2020. También garantiza dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por 2019 y 2020. Pero no garantiza gestión directa municipal, que dependerá de análisis y resultados obtenidos durante el segundo período transitorio”, argumenta el portavoz del PP en el consistorio, Marco Morala.
Los populares subrayan asimismo la exigencia de la Tesorería municipal, que en su informe señala que “en materia de personal deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se utilice el periodo transitorio para mejorar las condiciones del personal por encima de las del Ayuntamiento en el que luego se integrarán”.
El contrato con la actual concesionaria del servicio de transporte urbano de Ponferrada permanece en situación alegal desde marzo de 2012, sin que ninguno de los gobiernos municipales que se han sucedido desde entonces—presididos por Carlos López Riesco, Samuel Folgueral y Gloria Fernández Merayo, esta durante los últimos cuatro años— haya tomado una decisión al respecto.
Tras fracasar los intentos de licitar de nuevo el servicio, la anterior corporación aprobó en diciembre pasado la creación de una comisión especial encargada de emitir un dictamen sobre la fórmula que considere más adecuada para gestionar el servicio de transporte urbano de viajeros de acuerdo con la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Los técnicos del Ayuntamiento han advertido reiteradamente de la situación irregular del contrato con la concesionaria, participada por el empresario José Luis Ulibarri, para el que la fiscalía pide 7 años de prisión en una de las piezas de Gürtel e investigado por las tramas Enredadera y Púnica.
