[TRIBUNA] Emergencia climática: no hay empleo en un planeta muerto

UGT CASTILLA Y LEON | Como ya sabéis, este 27 de septiembre hay movilizaciones y actos en todo el mundo en defensa del futuro del planeta y de un mundo justo. Desde la Unión General de Trabajadores nos sumamos a las mismas y nos  adherimos al manifiesto publicado el pasado mes de julio en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo.

El cambio climático pone en riesgo nuestra propia existencia al introducir cambios rápidos y profundos en los distintos ecosistemas y en la biodiversidad, consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría una modificación irremediable de los ecosistemas, lo que desencadenaría procesos de extinción en miles de especies. Sólo si tenemos en cuenta los más de 1.200 millones de puestos de trabajo que dependen directamente de procesos naturales ligados íntimamente con el clima, podemos entender cuál será su afectación y la de sus comunidades ante la crisis climática. No hay plan B porque no hay Planeta B.

Si no se limita el incremento de la temperatura media global en 1,5 ºC, las consecuencias para las generaciones presentes y futuras serán catastróficas: olas de calor más intensas y prolongadas, sequías más severas, desertificación, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, falta de disponibilidad de agua potable y tierras fértiles, incendios más virulentos, empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones, etc.

En este sentido, es prioritario declarar el estado de emergencia climática cuanto antes, desarrollar una ambiciosa acción por el clima y que se tomen medidas urgentes para desvincular el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es fundamental cambiar el modelo productivo a otro más sostenible y avanzar hacia una transición justa, donde se creen empleos verdes y decentes sin dejar a nadie en el camino. La responsabilidad de las instituciones europeas y el Gobierno español, así del gobierno autonómico y del ayuntamiento, es estar a la altura de las necesidades que exige el momento. No obstante, los sindicatos somos esenciales en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de las personas trabajadoras a través de una transición justa que evite que nadie se quede atrás.

Lograr estos objetivos requiere necesariamente de:

• Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe sobre 1,5 ºC avalado por la comunidad científica. Reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles y las indicaciones científicas.
• Declarar la emergencia climática, asumiendo compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el Informe del IPCC para no superar un aumento de temperatura global de 1,5ºC, que establece una senda de reducción de emisiones global de entre el 40 al 60% para 2030 respecto a 2010. Además, es imprescindible detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano.
• Acción. Apostar progresivamente por una energía 100 % renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles, promuevan la reducción de los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad; reorganicen el sistema de producción; educación, además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.
• El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de forma desigual en función de la clase social, el sexo, la procedencia, o las capacidades. Defendemos que la transición ha de enfrentar estas jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población más vulnerable. La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen común y se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo, muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la especulación inmobiliaria, el desahucio, la gentrificación o la turistificación que expulsa a las familias de sus casas, a los vecinos de sus barrios. Aunque cada vez hay más inversiones en tecnologías para la transición energética, sigue habiendo muchos fondos que sostienen y financian a las grandes empresas del oligopolio energético en su explotación del planeta, y cuyo resultado es el incremento de la pobreza, incluida la energética. Los colectivos más desfavorecidos no pueden empeorar su situación, por lo que la transición se tiene que realizar con justicia social. En el caso de los territorios personas trabajadoras afectados es preciso adoptar medidas para asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles, afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un mejor reparto del empleo y el desarrollo de otros mecanismos en torno a la Transición Justa que deben lograr que no se deje a nadie atrás.
• Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de la transición ecológica. La justicia y la democracia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles y para formar parte activa de la solución mediante la democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc. En estos procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma de decisiones. Los países empobrecidos son los menos responsables de la degradación planetaria. Sin embargo, son a su vez los países más vulnerables a las consecuencias de esta ruptura de los límites. Los países más enriquecidos son quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por ello deberán ser países como los europeos los que deban adquirir unos compromisos mayores. Se hace necesario revertir el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los recursos naturales.

Porque no hay empleo en un planeta muerto, ¡trabajemos por un planeta vivo!