[TRIBUNA] 30 aniversario de la comarca berciana

JAVIER LAGO MESTRE | Se cumplen 30 años de existencia de la Comarca legal de El Bierzo. Esta celebración bien merece una reflexión sobre este largo proceso comarcal.  Lo primero es decir que esta dinámica institucional tiene unos antecedentes que hay que recordar. La aprobación de la Constitución de 1978 permitió la formación del Estado de las autonomías. Esta nueva coyuntura política favoreció las reivindicaciones de todo tipo. En el caso de El Bierzo destacó el provincialismo y el regionalismo. La respuesta política fue la concesión de la Comarca de El Bierzo en 1991. 

El proceso descentralizador berciano ha sido complejo. Los grandes partidos disputaron entre dos opciones. Los grupos de izquierda apostaban por la comarcalización generalizada, mientras que los de derecha sólo cedieron con la excepción comarcal berciana. Estos complejos debates políticos dificultaron la concesión de la comarca de El Bierzo. Recordemos que hubo dos proyectos comarcales, en 1988 y 1990, que fueron objeto de grandes discrepancias dialécticas. 

Castilla y León ha demostrado la falta de acuerdo político en materia de ordenación territorial. La comarcalización generalizada ha sido rechazada sistemáticamente por la derecha gobernante. Sin embargo, la ordenación territorial sigue siendo necesaria en la Comunidad autónoma más amplia de España. De ahí que se hayan proyectado sucesivos mapas de unidades funcionales y mancomunidades de interés general, urbanas y rurales. Proyectos que no han conseguido el consenso parlamentario necesario. Sin embargo, El Bierzo ha seguido su propia vía de descentralizadora porque la reivindicación social supo presionar lo suficiente para conseguir la cesión del estatuto comarcal por parte de la clase política gobernante. Esta singularidad berciana es clave para entender el proceso territorial y político de la periferia regional. 

Un hito jurídico importante de El Bierzo ha sido el reconocimiento expreso de la Comarca en el Estatuto de autonomía de Castilla y León en 2007. Esta reforma estatutaria admitió “la Comarca de El Bierzo, teniendo en cuenta sus singularidades y su trayectoria institucional” (art. 46.3). Esto significa que mediante Ley orgánica, aprobada por mayoría absoluta de las Cortes generales, se protege con máximo nivel jurídico nuestra Comarca. Ninguna ley ordinaria de las Cortes regionales podría alterar este mandato parlamentario de la soberanía nacional. Por ejemplo, no se admite suprimir la Comarca berciana por las Cortes de Castilla y León. Es decir, la Comarca tiene doble protección jurídica, mediante ley orgánica de 2007 y ley ordinaria de 1991. Toda una garantía de futuro para nuestra institución comarcal. 

Las leyes son modificables para adaptarlas a las nuevas realidades políticas, sociales, económicas, etc. En 2010 se reformó la Ley de la Comarca para actualizarla. Según se indica en la Exposición de motivos, “necesidad de precisar, ampliar y redefinir algunas cuestiones que permitan adaptar la organización”. Además, se tuvieron en cuenta “las necesidades de la sociedad actual”.  A resultas de esta reforma se modificó el sistema electoral con la creación de distritos electorales, se ampliaron las competencias, se incidió en la delegación por la Diputación provincial, se denominó la Junta de gobierno, se redujo el número de miembros del Pleno, se creó la Asamblea de alcaldes para mantener la representación municipal, se incorporó Palacios del Sil, etc. Con todo ello se pretendió, según leemos, “alcanzar una mayor cuota de autogobierno”. Han pasado más de 10 años desde esa última reforma, parece legítimo reclamar una nueva modificación de la Ley de la Comarca ante el nuevo contexto dialéctico.

Las reformas comarcales deben respetar las demandas bercianas y no sólo responder a los intereses políticos de la Junta de Castilla y León. Este año 2021 es el año de la revalorización histórica de la provincia berciana que implica una revisión de los planteamientos descentralizadores actuales. Además, los 30 años de experiencia comarcal son demostración del grado de madurez institucional que bien merece otro planteamiento político innovador. Las celebraciones provinciales favorecen el debate social del que surgen nuevas aspiraciones descentralizadoras. La clase política debe dar respuesta adecuada a las renovadas demandas provinciales. Porque las aspiraciones sociales pueden ser compensadas con medidas concretas, caso de la reforma de la Ley de la Comarca. Hay temas importantes que carecen de reconocimiento en dicha Ley. Así faltan contenidos relacionados con la simbología (capital, bandera, Díazo…), nuevas competencias (ordenación territorial, toponimia, régimen local pedáneo, derecho consuetudinario…), elección directa de representantes, iniciativa legislativa, iniciativa política ante la Junta de CyL, participación ciudadana (consultas populares, iniciativas normativas…), acción exterior (convenios, protocolos…), uso administrativo del gallego, singularidad berciana en ordenaciones territoriales de CyL, territorialidad abierta, denominación institucional (ente territorial singular), etc.

Aspiraciones descentralizadoras bercianas y negociación política deben establecer la merecida reciprocidad. La iniciativa de reforma legal que comentamos no puede ser unívoca a cargo de la Junta de Castilla y León. Tanto ésta última como la Diputación leonesa tienen que responder democráticamente a las demandas sociales y no temer perder su protagonismo político e institucional. Nos referimos a una iniciativa local berciana que no puede ser vista con escaso interés regional por los poderes políticos de Valladolid y León. Es necesario todo el respeto foráneo ya que sólo se pretende favorecer una mejor integración territorial en Castilla y León. Sí porque la Comarca es una respuesta institucional a los problemas territoriales propios de una zona periférica, aislada y alejada que también sufre los graves efectos de la desindustrialización y la despoblación. Por eso precisamos un ente territorial, con capacidad de iniciativa y negociación política, para organizar las sinergias endógenas en beneficio del desarrollo económico, social, ecológico y cultural colectivo.