El exalcalde de Bembibre y su equipo serán juzgados en octubre por el caso Clece
Otero y sus colaboradores se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial por la prórroga de contratos.
La Audiencia Provincial ha fijado parea los días 3 y 4 de octubre la visita del juicio oral contra los miembros de la Junta de Gobierno del anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bembibre José Manuel Otero Merayo, Federico Fernández Martínez, Serafín Vázquez de la Riva, Laura Álvarez Alonso, Gloria Castro Cabezas y César Alfonso Ferrero Luengo.
El juzgado abrió diligencias de investigación en 2017 tras la denuncia del entonces portavoz socialista, Manuel Ángel Rey Vieira, por un presunto delito de prevaricación administrativa contra los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular, con motivo de la sentencia estimatoria del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León de fecha 3 de noviembre de 2014 y sentencia igualmente estimatoria del TSJ de Castilla y León de 15 de abril de 2016.
Ambas resoluciones judiciales declararon nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de abril de 2013 en la cual se prorrogaba a Clece el contrato de explotación de las piscinas climatizadas y de la residencia de ancianos. Posteriormente a ambos fallos, consta en el procedimiento un auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso en el que se deduce testimonio de todos ellos por desobediencia, ya que, en su momento, se negaron también, a ejecutar el contenido de estas sentencias que declaraban nulo el contrato y agotaron el tiempo que restaba sin sacar a contratación una nueva licitación de la residencia, guardería, piscinas climatizadas y piscinas de verano.
Tras varios años de continuos recursos por parte de los implicados para que el procedimiento se archivara, se ordenó la apertura de juicio oral contra los miembros de la Junta de Gobierno que acordaron la adjudicación del contrato posteriormente anulado, en base al escrito de calificación presentado por la acusación particular que pide para ellos la condena por un presunto delito de prevaricación administrativa y la imposición de una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas.
Aunque inicialmente el escrito de calificación del Ministerio Fiscal solicitaba el sobreseimiento y archivo del procedimiento, la magistrada del juzgado número 8 dictó en noviembre de 2021 diligencia de ordenación, mediante la que daba de nuevo traslado a la fiscalía para que formulase su escrito de acusación al constar en el procedimiento escrito de calificación de la acusación particular. La Audiencia Provincial ratificó la apertura de juicio oral, que finalmente se celebrará casi dos años después,
