Un colectivo vecinal lleva al Procurador del Común la normativa municipal de eventos festivos
La Federación de Barrios y Pueblos del Bierzo cree se ha incumplido el compromiso de elaborar una ordenanza.
La polémica normativa del Ayuntamiento de Ponferrada sobre organización de eventos, que está complicando los preparativos de los tradicionales festejos en los barrios de Cuatrovientos y Flores del Sil, ha sido objeto de una queja presentada ante el Procurador del Común por la Federación de Asociaciones de Vecinos Barrios y Pueblos del Bierzo, que la califica de «documento trampa». Asimismo, señalan que esa norma incumple el compromiso adquirido por el Ayuntamiento ante el propio defensor del pueblo autonómico de elaborar una ordenanza, al no haberse permitido a los colectivos ni a los grupos de la oposición participar en su elaboración ni presentar enmiendas.
Un mes después de presentar un escrito en el Ayuntamiento al que no han obtenido respuesta alguna, la Federación también ha pedido a través del procurador del Común explicaciones sobre una partida de 150.000 euros consignada en el presupuesto de gastos para 2023 a fin de que «se nos indique a qué medios se destinan y qué cantidades aportamos los ciudadanos».
Asimismo, el colectivo pide aclaraciones sobre las partidas consignadas para fiestas y requieren a las concejalas de Cultura y de Fiestas que se publiquen los ingresos por las ventas de entradas al Auditorio Municipal y los procedentes de los feriantes tanto en las fiestas patronales de la Encina como en otros eventos festivos y en la Noche Templaria.
«Nos parece gravísimo la nula publicación de datos de obligado cumplimiento de información a los ciudadanos que desde el año 2015, y nunca bajo este equipo de Gobierno, se dignaron en cumplir con el derecho y respeto que merecen tanto los ciudadanos como los que los representan», explica el presidente de la federación vecinal, Ricardo Conde, quien ya había advertido de que «si en el plazo de un mes no tenemos noticias» sobre la información solicitada «iniciaremos los procesos legales para que se obligue a quienes tienen por norma el oscurantismo a que cumplan con la legislación vigente en un Estado de Derecho».
