Blanco Balín pacta con el fiscal antes del juicio por la visita del Papa
El antiguo responsable de Teconsa, José Luis Martínez Parra, se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel en el juicio que comienza el lunes en la Audiencia Nacional.
José Ramón Blanco Balín, el otro berciano procesado en la pieza de la trama Gürtel en la que se juzgarán los contratos suscritos para la instalación de las pantallas, mantenimiento y megafonía durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, ha alcanzado un acuerdo con la fiscalía a pocos días del comienzo de la vista.
En total, la Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado acuerdos de conformidad con una decena de los 23 acusados que se sentarán en el banquillo a partir del próximo lunes, según informan varios medios de la Comunidad Valenciana, pero entre ellos no se encuentra José Luis Martínez Parra. El pacto implica, a cambio de una rebaja de las penas de prisión, la devolución íntegra del dinero del que se hayan beneficiado y el reconocimiento de los hechos en los términos establecidos en el escrito de acusación formulado por el fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario berciano José Luis Martínez Parra una de las penas más altas, 24 años de prisión, por el caso de los contratos de la trama Gürtel para la instalación de las pantallas, mantenimiento y megafonía de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Anticorrupción reclama la máxima pena (40 años de prisión) para el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, por estos hechos. También pide penas elevadas para los responsables del entramado de empresas de Gürtel: Francisco Correa (38 años y 3 meses), Pablo Crespo (37 años y 3 meses), Álvaro Pérez (37 años y 3 meses) y el berciano José Ramón Blanco Balín (18 años). Para el exdirectivo de Teconsa Rafael Martínez Molinero, la fiscalía solicita una pena de 10 años.
Los hechos por los que el juez José de la Mata ordenó llevar a juicio a los acusados por presunta asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública se refieren a la contratación de las pantallas, mantenimiento y megafonía a Teconsa, con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Los investigados decidieron que el coste de ese suministro, que fijaron en 7 millones de euros, lo llevaría a cabo el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, sociedad calificada en los autos como pantalla de la trama Gürtel, y de la que eran directivos Martínez Parra y Martínez Molinero.
En su auto, califica a Juan Cotino como «factótum» y elemento nuclear» de la Fundación (FVMEF) como responsable último de sus contratos, «manejando desde atrás» y en común acuerdo con el entonces director de la televisión pública valenciana. Según el juez, «consiguió su propósito de que se adjudicaran al grupo Correa los servicios mencionados».
El juez relata en el auto cómo Teconsa, empresa constructora que no tenía experiencia alguna en organizar eventos, terminó subcontratando a tres empresas que finalmente colocaron las pantallas por importe de 2.994.200 euros. Los acusados utilizaron los fondos públicos de la RTVV para realizar el pago de 7.493.600 euros, un precio «desorbitado y notoriamente superior al del servicio realmente prestado» según el juez, que cifra en 3.300.000 euros los fondos presuntamente sustraídos de RTVV.
El contrato ilícito del alquiler de equipamiento de pantallas de video, megafonía y sonido fue formalizado el 10 de mayo de 2006 y permitió según el sumario repartirse una suma de 3,3 millones de euros. En concreto, Francisco Correa habría recibido una comisión de 1,5 millones de euros; Crespo, de 166.000; Pérez de 500.000; Blanco Balín de 249.000 y García Gimeno medio millón de euros.
