El tripartito no recurrirá el archivo de la causa del Mundial de Ciclismo
«No hace falta que pidan perdón pero, por favor, que no saquen pecho», espeta el alcalde de Ponferrada a los organizadores del evento.
El Ayuntamiento de Ponferrada no recurrirá el archivo provisional de la causa por prevaricación y malversación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada hace más de cinco años a instancias de la fiscalía, tras recibir un escrito firmado por un centenar de ciudadanos para que se investigase la gestión del Mundial de Ciclismo celebrado en la capital berciana en septiembre de 2014.
La decisión la adoptó este jueves la Junta de Gobierno Local, tras una reunión larga y no exenta de tensión, en la que al margen de las consideraciones políticas se analizaron los informes jurídicos de los técnicos municipales sobre las dos opciones posibles: el recurso de reforma ante el propio juzgado instructor o la apelación a la Audiencia Provincial. Finalmente, se acordó emprender la retirada.
Tan solo unas horas antes, Olegario Ramón había calificado el evento como «un acontecimiento calamitoso» para la ciudad y se extrañó de que el excalcalde Samuel Folgueral se quejase de una supuesta «persecución política y personal» contra los organizadores del Mundial para influir en las elecciones municipales de 2015 y 2019. «No hace falta que pidan perdón pero, por favor, que no saquen pecho», les espetó Ramón.
El ahora regidor ponferradino fue el más activo animador de la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento para dilucidar las responsabilidades políticas. El trabajo de aquella comisión, ante la que se negaron a comparecer los investigados, se saldó con un documento de 50 páginas en el que se detallan numerosas irregularidades. También El informe pericial detecta irregularidades y descontrol en los gastos del Mundial, pero carecen de relevancia penal a juicio de la instructora de la causa.
Durante el mandato de Gloria Fernández Merayo, el Ayuntamiento se personó como acusación en el procedimiento judicial en calidad de perjudicado. También, por iniciativa de la concejala de Hacienda, Amparo Vidal, instó la nulidad del acuerdo por el que el consistorio se comprometía a asumir las deudas contraídas por la Fundación de Deportes, que había recibido la encomienda de gestión del evento deportivo, que terminó costando más de 10 millones de euros a las arcas públicas. Esa decisión fue clave para que el Juzgado de lo Mercantil declarase su extinción al carecer de medios para abonar los más de 3 millones de euros que adeuda a sus acreedores.
