[TRIBUNA 6-D] XLV aniversario de la Constitución Española
OLEGARIO RAMÓN | Celebramos hoy el cuadragésimo quinto aniversario de nuestra Carta Magna. Puede sorprender pero España es uno de los países del mundo que más constituciones ha tenido, concretamente ocho, que son nueve si se le añade el estatuto de Bayona, previo a la Constitución de 1812.
La Constitución de 1978 es sin duda la que mayor vigencia ha tenido en el tiempo y tiene entre sus logros haber conseguido que algunos que la atacaron de forma inmisericorde tildándola de “charlotada intolerable que ofende al buen sentido” y deslegitimando el instrumento del consenso constitucional manifestando que “ha provocado un efecto fulminante, cuál es el de la desconfianza en una enorme masa de españoles”, se presenten ahora ante nosotros como los mayores, cuando no únicos, defensores de nuestra norma fundamental.
Es absolutamente descorazonador que la Constitución de 1978 se utilice como arma arrojadiza contra quienes piensan, opinan y actúan de forma diferente. Porque esa no es ni su esencia, ni el espíritu inspirador de la norma. Y ya sabemos desde el Derecho Romano que no hay mayor injusticia que la aplicación del derecho de forma absoluta, sin atender a ningún módulo de equidad o moderación en los principios.
Son muchos en los tiempos que vivimos los que abogan por una interpretación absoluta del principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 de nuestra constitución, eslabón fundamental de toda la sección segunda del Título I (es decir, de todo el aparato de derechos fundamentales recogido en ella). Ese mismo rigor en la interpretación de este artículo implicaría automáticamente la derogación íntegra de todo el Título II que regula la institución de La Corona. Un simple recordatorio, el artículo 14 comienza así: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento”. Criterios históricos, de promoción de la convivencia o de oportunidad política llevaron a recoger y compatibilizar en el mismo texto una contradicción a priori evidente.
No quiero entrar aquí a valorar ulteriores consecuencias, pero debo decir que las posturas e interpretaciones maximalistas sólo pueden tener un resultado, que es la deslegitimación última de la Constitución precisamente por parte de aquellos que nunca la quisieron y solo la aceptaron de mala gana. Conocer el pasado para mejorar el futuro no es una opción desdeñable. En este sentido si estudiáramos por quienes, por qué y cómo se deslegitimaron las anteriores constituciones comprobaríamos que la mayoría de los ciudadanos nunca intervino con su voto en la derogación de sus leyes, sino que fueron otros movimientos los que coadyuvaron a, e incluso protagonizaron tal fin.
Vivimos tiempos muy convulsos, una gran crispación social y grandes incertidumbres a todos los niveles: la invasión de Ucrania y la franja de Gaza, migraciones masivas fruto del hambre y la persecución, catástrofes naturales consecuencia del cambio climático; y a nivel político nadie habría pensado hace unos años que un político totalmente histriónico que dice recibir consejos de su perro muerto llegaría a la presidencia de una gran país, que el Portavoz del principal partido de la oposición quisiera enviar al Presidente del Gobierno al extranjero en el maletero de un coche, que el vicepresidente y algún consejero de nuestra Comunidad Autónoma ejerciesen a las ocho de la tarde de activistas de la Kale borroka fascista, o que a diario en la madrileña calle de Ferraz se rezara el rosario, se acosara a los responsables policiales, se quemaran contenedores, se paseara simbología nazi o se cantaran fervorosamente himnos franquistas.
Cuarenta y cinco años de progreso, de avances en derechos y libertades y en promoción de la concordia están dando paso a una época de crispación, de rienda suelta al mensaje del odio, en la que quienes siempre han servido de freno a los excesos ultras han abdicado de esa responsabilidad e incluso, en gran parte, están arrojando gasolina en el fuego de la discordia, adelantando a la británica a la escindida ultraderecha.
Esta situación de conflicto social intenta “deslegitimar las decisiones que se adoptan siguiendo el ordenamiento jurídico y constitucional”, y que han configurado una mayoría parlamentaria que permite iniciar la nueva legislatura, derivada de los resultados electorales del pasado 23 de julio. El control de la constitucionalidad de una ley no le corresponde a las hordas enfurecidas. La propia Constitución da respuesta procedimental a ese control, y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la desarrolla.
Todos, desde nuestras respectivas áreas de responsabilidad, también desde el ámbito municipal, deberíamos contribuir a rebajar la creciente tensión. El insulto es la confirmación de la falta de argumentos. En el mandato pasado se oyeron demasiados insultos en la política municipal lo que contribuyó notablemente a la creación del caldo de cultivo en el que crecen el odio y la intolerancia. Esta misma semana celebramos una reunión de la comisión ejecutiva municipal en la sede de nuestro partido mientras en la calle un grupo de personas proferían disparates repetidamente y lanzaban artilugios pirotécnicos. Y quienes más se han de implicar en rebajar la tensión parecen activistas de la algarabía.
Y en ese clima de enfrentamiento, de obscena apropiación por unos pocos de la bandera que es de todos y de nuestra Carta Magna, se producen incongruencias difícilmente explicables. Nadie debería erigirse en defensor máximo de la Constitución si al mismo tiempo está impidiendo el cumplimiento de la misma boicoteando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un partido político carece de toda legitimación defendiendo la independencia judicial si hace no tanto tiempo manifestaba controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la puerta de atrás.
Volviendo a lo que considero básico, la necesidad de rebajar la tensión y buscar los consensos, ya en 2011 el jurista Óscar Alzaga recordaba que el Estado democrático no pervive por simple inercia, sino por la voluntad decidida de los ciudadanos y, muy especialmente, por aquellas instituciones que los representan: los partidos políticos. Dicho consenso tiene su envés en la tolerancia que debe ser entendida más como un deber fundamental que como una virtud. Esa tolerancia, la decisión de incorporarse a un proyecto común requiere del presupuesto esencial de saber convivir, por lo que resulta urgente e imprescindible recuperar el diálogo y la capacidad de consenso. Y lo que hoy pretendemos aquí es apelar a ese espíritu en el seno de nuestra Administración, la local, la más cercana a la ciudadanía, la primera puerta a la que llaman cuando tienen un problema, la infantería de la Administración. Creo que predicamos en el desierto pero lo haremos una y mil veces, con el convencimiento de que es el camino acertado. Feliz día de la Constitución.
- Olegario Ramón Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada.
