El bipartito estudia recurrir la sentencia que obliga a devolver el crédito del Mundial
“Nuestro interés es preservar los actuales intereses del Ayuntamiento y de la ciudadanía de Ponferrada”, señala Lidia Coca.
El Ayuntamiento de Ponferrada está analizando a través de sus servicios jurídicos la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que le obliga a pagar al Banco de Santander casi dos millones y medio de euros –cifra que con los intereses y las costas judiciales se elevaría por encima de los tres millones de euros– por el crédito concedido en su día por la entidad financiera a la disuelta Fundación de Deportes para la organización del Mundial de Ciclismo celebrado en Ponferrada en septiembre de 2014.
«Nos encontramos ante la obligación de pagar una suma muy importante en un momento en que las necesidades de la ciudad y sus habitantes aconsejarían destinar una cantidad semejante a mejorar las infraestructuras y facilitar la actividad económica», ha explicado a través de un comunicado la teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Lidia Coa.
Para Coca, «la proyección hacia este momento de decisiones anteriores, que provienen en el caso de la solicitud del préstamo y su gasto de hace una década tiene un impacto importante, por lo que hay que analizar sus consecuencias financieras y las posibilidades jurídicas que tiene un recurso contra esa resolución».
Por ello, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada están analizando por un lado la conveniencia de iniciar una nueva fase judicial, que llevaría a la interposición de un recurso de casación, y por otro lado, su viabilidad jurídica, en atención a los contenidos de la sentencia del TSJ.
“El actual equipo de Gobierno no intervino en las decisiones políticas y administrativas que han ocasionado esta situación, y ha de considerar las posibilidades de que prospere la admisión y luego la estimación de un recurso de casación ante el Supremo que, somos conscientes, tiene siempre considerables dificultades jurídicas, por no hablar de la posibilidad de aumentar los gastos del procedimiento, que salen del erario público. Nuestra preocupación es, por tanto, y a la vista del estudio que están haciendo los servicios jurídicos, tomar la decisión más oportuna en conjunto, pensando en los intereses municipales y de los ponferradinos, de lo que informaremos en los próximos días”, subraya la edil.
