Vecinos de Lillo y Otero se oponen a un macroparque fotovoltaico en la Gran Corta
La instalación proyectada por la empresa Distribuidora Eléctrica del Sil contaría con una potencia de 10 MV.
Vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes han exigido este viernes que se frene «el expolio de sus propiedades» y que los terrenos de la Gran Corta en los que se proyecta la instalación de un parque fotovoltaico sean devueltos a sus dueños (tanto los bienes públicos de las juntas vecinales como los terrenos particulares de los propietarios) antes de aprobar ninguna instalación de evacuación para macroparques fotovoltaicos en la Gran Corta de Fabero.
El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León ha anunciado la solicitud de las autorizaciones administrativas y de construcción de las infraestructuras de evacuación de la instalación de producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica llamada Fabero, de 10 MV de potencia y solicitada por la Distribuidora Eléctrica del Sil S.L., con una línea de evacuación subterránea de 775 metros de longitud, con su presupuesto de ejecución de 231.352 euros.
El proyecto se encuentra en fase de información pública, con un plazo de alegaciones de veinte días hábiles. Por ello, los afectados han planteado que parte de dichas infraestructuras pasan por fincas y terrenos de su propiedad, recordando que en los años 90, la mayoría de los vecinos y vecinas de las localidades de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes, pertenecientes al municipio de Fabero, se vieron obligados a vender sus tierras y prados bajo amenaza de expropiación (en algunos casos esta expropiación fue ejecutada a aquellos vecinos que se negaron a vender), para la extracción de carbón que era considerado un recurso estratégico nacional.
En uno de los puntos del contrato que firmaron en la expropiación, se acordaba que “el comprador establece en favor del vendedor o de sus causa-habientes un derecho de reversión de la finca comprada a partir de los 25 años, contados partir de la fecha de la compra venta”. Estas empresas compraron el terreno por 25 años para extraer carbón (considerado en ese momento como un recurso estratégico nacional), con la condición de que una vez extraído el carbón acondicionarían los terrenos, y que revertirían, pasados 25 años, a sus dueños, de manera que pudieran volver a ser utilizados para las mismas labores a que estuvieron dedicados anteriormente.
«Las fincas y terrenos afectados por esta cláusula son de propiedad particular de los vecinos y vecinas correspondientes y de las Juntas Vecinales de ambos pueblos (dado que ya han pasado más de 25 años), por lo que no se puede realizar dichas infraestructuras sin que se cumpla lo establecido en el contrato, recurso que está actualmente admitido a trámite por el Defensor del Pueblo, por lo que esos terrenos deben revertir a sus anteriores propietarios (particulares y Juntas Vecinales) y estos, en todo caso, dar el consentimiento o la autorización para realizar dichas instalaciones», alegan los afectados.
