La Junta culpa al Gobierno de que no se pueda aplicar el toque de queda
El Tribunal Constitucional estudia anular parcialmente el segundo estado de alarma decretado por Sánchez en octubre.
La Junta de Castilla y León sigue suspirando por el toque de queda, pero ni siquiera ha intentado sacarlo adelante en los tribunales. De momento, prefiere cargar la responsabilidad sobre el Gobierno central, a pesar de que sus propios servicios jurídicos han desaconsejado esta vía, como explicó días atrás el presidente Alfonso Fernández Mañueco.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado este sábado que el toque de queda «es inviable, porque desgraciadamente ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho su trabajo», Igea ha calificado de «auténtico esperpento que no hay español que lo entienda» la situación que se está viviendo con los toques de queda.»No entiendo cómo hay 17 situaciones diferentes, sitios donde es posible dictar toques de queda y sitios donde no», ha lamentado el vicepresidente autonómico en alusión a que los tribunales autonómicos en unos casos avalan esta medida y en otros casos la rechazan.
Aunque en algunas comunidades autónomas los jueces han aprobado toques de queda, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya ha advertido de que si el estado de alarma no es suficiente para decretar un confinamiento –como ha establecido en su reciente sentencia el Tribunal Constitucional– también quedaría entredicho la aprobación de toques de queda sin más apoyo que una combinación de leyes, si con ello se sobrepasa la limitación de derechos fundamentales para adentrarse en la suspensión.
Además, este sábado se ha conocido que el Tribunal Constitucional (TC) prevé anular parte del segundo estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó en octubre, según informa El Confidencial citando «fuentes jurídicas». Los magistrados ya han declarado ilegal confinamiento del primero al considerar que el Gobierno no debió utilizar esta figura para implementar restricciones que suponían una suspensión de derechos fundamentales. La nueva sentencia, que se debatirá y dictará después del verano, iría un paso más allá al tachar de inconstitucionales otros dos aspectos: la prórroga de seis meses y la delegación de competencias en favor de las comunidades autónomas.
