Ponferrada desbloquea pagos pendientes del mandato de Ramón por importe de 75.000 euros
El pleno aprueba una docena de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para levantar los reparos de legalidad.
En apenas media hora y con intercambio de reproches, el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado en la sesión extraordinaria celebrada este jueves una docena de reconocimientos extrajudiciales de crédito para levantar los reparos de legalidad formulados por Intervención a gastos efectuados durante el mandato de Olegario Ramón que totalizan 75.000 euros.
En concreto, se trata de facturas relativas a gastos de servicios jurídicos en diversas áreas, publicidad institucional, suministro de material eléctrico, mantenimiento de la red radioeléctrica, red de datos y estación repetidora de videovigilancia, y alquiler de vehículos para diversas áreas del Ayuntamiento.
La portavoz de Vox, Patricia González, atribuyó la necesidad de proceder al desbloqueo de estos pagos a la «mala gestión y dejadez del PSOE». Iván Alonso (Coalición por El Bierzo), reconoció que se trataba de solucionar «un procedimiento que a veces se convierte en habitual y que se debería evitar en el futuro». En este sentido, precisó que se está trabajando ya en un contrato de alquiler de vehículos y abogó por elaborar un plan de medios evitar problemas con el gasto publicitario.
También el portavoz del PP en este debate, el concejal de Hacienda Luis Antonio Moreno, se mostró comprensivo con una figura legal «inevitable pero no deseable», y adelantó que «va a haber más expedientes de 2023 para aprobar». También coincidió en la necesidad de abordar un plan de medios evitar el gasto discrecional en publicidad institucional. En una segunda intervención, Moreno eludió el cuerpo a cuerpo al que parecía invitarle el portavoz de la oposición afirmando que «aquí hemos venido a trabajar y no nos van a encontrar en el barro».
El exalcalde y ahora portavoz del PSOE Olegario Ramón intentó restar importancia al asunto, señalando que el reconocimiento extrajudicial de crédito «es una excepción, pero imposible de evitar al 100%». En este sentido, recordó que él se había encontrado al acceder a la alcaldía con la obligación de aprobar expedientes por un importe de un millón de euros, y su antecesora en el cargo Gloria Fernández Merayo (PP), con medio millón, por lo que «los 75.000 euros de ahora creo que demuestran que se hizo un buen trabajo».
La misma unanimidad que en los doce primeros puntos del orden del día, referidos a los pagos pendientes, se registró en la votación de dos modificaciones presupuestarias del anexo de inversiones para el ejercicio 2023, así como en la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para aplicar la reducción del precio de los bonos del Servicio Municipal de Transporte. La discrepancia llegó con la alcaldía para la designación de representantes municipales en órganos internos y entidades y organización externas, que se aprobó con 14 a favor de PP, CB y Vox y los 11 en contra del PSOE.
