Un colectivo leonesista adjudica a Ponferrada la sede de una consejería de la ‘Región Leonesa’
El proyecto de estatuto de CCRL fija un reparto equitativo de instituciones autonómicas entre León, Zamora y Salamanca.
Ponferrada acogería la Consejería de Empleo e Industria de la Región Leonesa, mientras Villafranca, Fabero y Folgoso de la Ribera albergarían otras sedes, según el proyecto de estatuto de autonomía de la Región Leonesa y el proyecto de ley por la que se determinan las sedes de las instituciones de una hipotética Comunidad Autónoma de la Región Leonesa. Ambos documentos fueron presentados este sábado en Salamanca por el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL), que aspira a segregar León, Zamora y Salamanca de la comunidad autónoma actual.
En lo que concierne al estatuto, compuesto de 92 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 1 final, así como un extenso Preámbulo, lo más destacable en su articulado es que fija la obligatoriedad de que las sedes de la comunidad autónoma de la Región Leonesa estén repartidas entre las tres provincias que formarían dicha autonomía, es decir, Salamanca, Zamora y León.
No obstante, el propio estatuto recoge en su artículo 4.1 la obligatoriedad de que se ubiquen “parte de las sedes autonómicas en áreas ajenas a las capitales provinciales”, fijando también la obligatoriedad de que el Bierzo acoja la sede central de una Consejería. De este modo, parte de las consejerías y organismos tendrían su sede fuera de las capitales, en consonancia también con el artículo 4.2 de dicho proyecto estatutario, que establece la necesidad de cumplir con “criterios de equilibrio entre las diversas zonas de la Región Leonesa”.
Respecto a la sede del parlamento autonómico, que el estatuto bautiza como Cortes del Reino de León en un claro guiño a la historia de la Región Leonesa, tendría su sede en Zamora, un hecho que se justificaría en que “por ubicación es la ciudad idónea para acoger las Cortes, al ser la geográficamente más céntrica de las ciudades leonesas, algo esencial teniendo en cuenta que a ella deberán acudir personas procedentes de todos los puntos de la Región Leonesa”.
Por otro lado, el proyecto de Ley de Sedes establece un número fijo de 9 Consejerías, recogiendo su reparto, con 3 en la provincia de León (que se situarían en León, Ponferrada y Astorga), 3 en la de Salamanca (ubicadas en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo), y otras 3 en la de Zamora (situadas en Zamora, Benavente y Puebla de Sanabria).
En cuanto a las denominadas instituciones propias, León acogería la sede del Defensor del Pueblo de la Región Leonesa, Mombuey la del Consejo de Cuentas, y Sahagún la del Consejo Económico y Social, suprimiéndose sin reemplazo otras instituciones que actualmente tiene la comunidad de Castilla y León como el Consejo Consultivo o el Consejo del Diálogo.
Además, dado que la creación de la comunidad autónoma leonesa obligaría a la creación del Tribunal Superior de Justicia de la Región Leonesa, se fija su sede en Salamanca, hecho que desde CCRL consideran un reconocimiento a “la tradición jurídica de la ciudad de Salamanca, con el exponente mundial de la denominada Escuela de Salamanca o de Derecho de Gentes en la Edad Moderna, que alcanzó una fama universal”.
Por su parte, las agencias, institutos públicos o empresas autonómicas públicas o con participación pública tendrían sus sedes en Peñaranda de Bracamonte, Villafranca del Bierzo, Zamora, Salamanca, León, Villalpando, Vitigudino y Fabero, fusionándose en una sola institución el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud autonómicos (que en el caso de Castilla y León tienen sus sedes en Valladolid y Palencia respectivamente).
Finalmente, el proyecto de Ley de Sedes presentado en Salamanca por CCRL también recoge la ubicación de las sedes centrales de las diversas fundaciones públicas o con participación pública, que pasarían a acoger Ledesma, Toro, Villablino, Salamanca, León, Alcañices, Alba de Tormes, Fermoselle, La Ribera de Folgoso, Miranda del Castañar, Tábara, Riaño y Fuenteguinaldo. En este ámbito, en comparación con la situación actual en la comunidad de Castilla y León en lo que a fundaciones con participación pública se refiere, se suprimiría la Fundación Castilla y León, que sería eliminada sin sustitución.
