Parece que la anomalía del sistema por la cual los partidos políticos en España se reparten el control sobre el Poder Judicial seguirá gracias al pacto que, con más o menos ladridos, vienen manteniendo desde 1985 socialistas y populares.
Los primeros no tuvieron reparo alguno en condicionar el normal crecimiento de una democracia todavía en pañales con una medida que la dejaría con un trauma que a día de hoy, ya en edad madura, todavía padece: la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no por jueces, sino por políticos. Por su parte, los segundos nunca combatieron semejante despropósito, sabedores de que tarde o temprano les tocaría gobernar y de que, al igual que los primeros, los delitos por corrupción se esquivan mejor cuando quienes han de juzgarlos son «de tu cuerda», más que nada, porque tú los has colocado ahí.
El caso es que después de casi cuatro décadas, con un país sumido en la indigencia moral, cultural, política y económica, se abría una oportunidad de oro para curar al enfermo de su trauma de la infancia. Sin embargo, los dos «grandes» partidos, haciendo obscena ostentación de su naturaleza corrupta, han decidido seguir repartiéndose el órgano de poder de los jueces. Y no debemos obviar que lo hacen con la necesaria y vergonzosa complicidad de unos medios de comunicación que, lejos de propiciar un debate sobre la imperiosa necesidad de despolitizar al CGPJ, reproducen y amplifican como algo normal las evoluciones de una nauseabunda timba entre tahúres de ambición desmedida y moral putrefacta.
Debería sonrojar y hacer reflexionar a quienes hablan y/o escriben empleando términos como «jueces conservadores» y «jueces progresistas» a la hora de querer diferenciar a los afines según el partido que los propone. Absolutamente vomitivo.
También es justo, y nunca mejor dicho, dejar constancia de que se presentaba una magnífica ocasión para que fuese el propio estamento judicial quien se despojase de la abominable tutela del poder político, rebelándose contra él y reivindicándose como un poder independiente que, con las necesarias y adecuadas reformas, contribuiría eficazmente al equilibrio entre poderes.
Con un poder judicial controlado, dependiente del poder político, la división de poderes no existe. Una división de poderes que ha de ser pilar de cualquier democracia que de verdad quiera serlo y no sólo pretenderlo o aparentarlo.
Al igual que la Justicia ni es «conservadora» ni «progresista», quienes la aplican e imparten, los jueces, lo son a secas.
El Bandido Fendetestas
P. D. (1) Mal pueden reivindicar la mejora de la democracia tanto quienes se la siguen repartiendo como quienes aspiran a sustituirla por un régimen carente de derechos y libertades individuales. Mal la pueden defender y reforzar tanto quienes desconocen su esencia como quienes nunca han creído en ella.
P. D. (2) Sin embargo, sí que es cierto que hay dos circunstancias en las que la despolitización de la Justicia es posible: cuando estás en la oposición y/o en campaña electoral. Pero nunca cuando tienes suficiente poder para llevarla a cabo.
