[LOS GATOS DEL CALLEJÓN] ¿Son todo buenas razones?
UNA GATA | Llevamos un par de semanas asistiendo a las reclamaciones de agricultores y ganaderos, que con sus cortes de carreteras y concentraciones están teniendo bastante impacto mediático y funcional; a nosotras, la verdad, nos ha pillado por sorpresa; veíamos el caso francés por la tele y desde la barrera, deplorando el chauvinismo galo para con los españoles; aunque la proximidad en el tiempo de ambas protestas hace pensar que ya entonces se estaba organizando algo similar en España.
Además de la sorpresa, la amplitud y extensión geográfica de las tractoradas nos ha obligado a recapacitar; el tema ha llegado a las conversaciones compartidas en las que hay una buena dosis de sorpresa por una situación que en el fondo no conocemos bien; las quejas del campo son crónicas y están ahí como un telón de fondo que no sabemos interpretar.
Esta vez los medios de comunicación nos han acercado más algunas claves: la visión que tiene la Unión Europea del campo y se refleja en una política agraria común, (PAC) que no parece ser la adecuada; los convenios con terceros países colocan a los agricultores españoles en inferioridad de condiciones porque los productos de casa están sometidos a mayores controles y exigencias que los importados. El papel de los fondos de inversión, propietarios de grandes extensiones que van sustituyendo a la agricultura familiar, y las cadenas de comercialización que se llevan la parte del león entre un agricultor que vende a pérdidas y cobra tarde y mal y unos consumidores que pagan más y más para llenar la cesta de la compra. Y como guinda final, una politización interesada de la derechona que mete cuchara en todas las salsas para sacar provecho: Está claro que la plataforma F6, que funciona al margen de los grandes sindicatos agrarios, tiene una vocación desestabilizadora al margen de las reclamaciones del campo; y la pretensión fallida de unir el sector del transporte a la huelga pretende paralizar el país y crear serios problemas a la sociedad y sobre todo al gobierno.
En resumen, un buen galimatías en el que hay que separar churras de merinas. Por ejemplo, no se puede pedir que compitan en precio dos productos que han tenido requerimientos totalmente distintos en origen: marco laboral, la utilización de fitosanitarios y abonos controlados o el cumplimiento de medidas que garanticen la sostenibilidad, que aquí en Europa nos pueden parecer absolutamente razonables pero que no se cumplen en África, Sudamérica o Australia. La Unión Europea, en su papel de avanzada de la sostenibilidad, obliga al cumplimiento de requisitos a los miembros de la Unión pero acepta importaciones de terceros países que no las cumplen, y claro son más baratas; parece una contradicción flagrante que obliga al establecimiento de aranceles o las denominadas cláusulas espejo, que traten de igualar la balanza.
De aquí se sigue también que la PAC debe crear compensaciones más orientadas al pequeño y mediano productor, que además de soportar las condiciones en el marco de producción tiene que competir con los grandes productores; la agricultura extensiva de carácter familiar fija población en el mundo rural y hace posible el comercio de proximidad. Y está claro que eso lleva a no comer cerezas o melones en diciembre ni naranjas en julio. La variedad de productos que están a nuestra disposición en los comercios minoristas, nos dice por sí misma que son de importación. Tendremos que respetar más aquella premisa de sentido común de que la fruta y la verdura tienen que ser “de temporada”
Y luego están los intermediarios que acercan los productos a nuestra mesa en una acción necesaria y de valor pero que con su capacidad de fijar precio a los productores y consumidores se convierten en árbitros de la situación en su propio beneficio.
No deberíamos permitir que las grandes superficies fijen estas condiciones obligando al productor a vender a precio inferior al de sus propios costes, pagando tarde y mal y fijando el precio final al consumidor. Aunque estemos en un estado liberal que respeta la iniciativa privada, los beneficios de las grandes cadenas alimenticias, (como los de la banca y las eléctricas) son absolutamente abusivos.
Pero han aparecido otra serie de reclamaciones poco comprensibles, más por zonas como la nuestra que no ha visto alternativa en el cambio de su sistema productivo; al Bierzo le dieron lentejas y todavía espera alguna solución a la pérdida de empleos y algún modelo sostenible que evite la pérdida de población. Esas reclamaciones que, por ejemplo, piden retirar las condiciones fijadas sobre la agenda 2030, que lo único que trata es conseguir mitigar un cambio climático que nadie discute. ¿Tendría sentido retirar las medidas que en su día se tomaron para evitar la destrucción de la capa de ozono?. Esas reclamaciones se ajustan más a un plan para atacar a un gobierno que transpone y acata las decisiones tomadas desde Europa, donde por cierto, el perfil conservador tiene mayoría en el parlamento. Habrá que indicar que las ayudas de la PAC también vienen fijadas desde allí, y quizás una buena iniciativa sería proponer devolverlas. Parece que la Sra. presidenta Úrsula von der Leyen está reculando en algunos extremos de su filosofía liberal: se ha suspendido la firma de convenios con terceros países y se revisará la orientación de la PAC. En fin, más vale tarde que nunca.
El caso es que se está poniendo en evidencia que tenemos «dos campos»; uno que pide ayuda para mantener unas condiciones razonables en la producción, y otro, muy distinto, que trata de violentar las reclamaciones justas y a la que habría que controlar más. Por ejemplo, hacer un seguimiento serio de temas como los pozos ilegales, que existen a cientos para regar zonas de secano, o ayudas ilegalmente recibidas.
Cada vez más nos enfrentamos a situaciones en las que los problemas de un sector concreto se trasladan al conjunto, promovidos por la necedad de unos pocos y en los que no parece fácil encontrar una solución que contente a quien no se quiere contentar. Quizás el futuro cercano nos depare la necesidad de un intermediario externo para todo aquello que tengamos que decidir, dada la falta de voluntad para acordar de los sectores más exaltados de cada parte, y que facture el añadido. Seguimos, bercianas.
