Victorino Alonso deberá pagar 6 millones para eludir la entrada en la cárcel en 10 días
La Fiscalía de Ponferrada también solicita la retirada del pasaporte al empresario si recurre la sentencia dictada por el Supremo.
El empresario Victorino Alonso, condenado a cuatro años de prisión por los medioambientales causados por la explotación Nueva Julia, deberá ingresar en prisión de forma voluntaria en un plazo de diez días o depositar una fianza de 6 millones de euros si decide recurrir la resolución del Tribunal Supremo que confirma el fallo anterior de la Audiencia Provincial de León. Además, en las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada se pide la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia semanal en el juzgado.
Un recurso de amparo ante el Constitucional o ante el Tribunal de Derechos Humanos e incluso una petición de indulto al Gobierno son las medidas excepcionales a las que puede recurrir el empresario para evitar el ingreso en prisión, pero para ello debería abonar los seis millones de euros fijados como fianza, según solicita la Fiscalía en su escrito a la Audiencia Provincial.
El fiscal Ismael Tascón, que ha dirigido el proceso desde su inicio, ha explicado a Radio Bierzo que » dado que la pena de prisión no es suspendible en ningún caso, lo que se pide son unas medidas cautelares para su cumplimiento: uno su ingreso en prisión, y dos, si no se acuerda, el pago de una fianza importante, 6.086.720,5 Euros, para garantizar las responsabilidades civiles». A dicha petición se llega «tras conocerse en Octubre de 2021 la participación del condenado en la trama conocida como Papeles de Panamá, disponiendo al parecer el mismo de una notable capacidad económica para sustraerse de la acción de la Justicia».
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a 4 años de prisión a Victoriano Alonso por los daños medioambientales causados en un espacio protegido con la explotación de la mina de carbón a cielo abierto ‘Nueva Julia’, en el término municipal de Cabrillanes (León).
El tribunal desestimó los diez motivos del recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León que le impuso la citada pena de prisión y el pago de 24.346.882 euros, en concepto de responsabilidad civil, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. También declaró la responsabilidad civil subsidiaria, en el pago de dicha cantidad, de la entidad Minero Siderúrgica de Ponferrada SA y su sucesora Coto Minero del Cantábrico.
