La Guardia Civil interviene más de 25.000 botellas de vino con etiquetado fraudulento
La investigación desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil de León en el marco de una operación europea afecta a tres bodegas.
El equipo del Seprona de la Guardia Civil de León ha investigado a tres empresas bodegueras que se dedicaban al embotellado y etiquetado fraudulento de vinos con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas a un precio bajo en comparación con otras marcas comerciales que utilizan la misma variedad de uva.
Se instruyeron diligencias policiales por los supuestos delitos de utilización ilegítima de la DOP e IGP, así como fraude, falsedad y estafa continuada. En el registro en las tres empresas bodegueras se intervinieron más de 25.000 botellas de vino con etiquetado fraudulento.
A primeros de este mes de julio había trascendido que el Seprona investigaba un posible fraude en el etiquetado de vino de la Denominación de Origen del Bierzo, en el que podrían estar implicadas varias bodegas «con miles de botellas», y que consistía en el etiquetado de vino procedente de otros lugares como si fuera del Bierzo, lo que perjudicaría no solo a los consumidores sino a la propia DO. El Consejo Regulador colaboró con los agentes para el esclarecimiento del caso.
La actuación en la provincia de León se ha desarrollado en el marco de la Operación Opson X, que este año se ha centrado, entre otros, en el sector vitivinícola. Para ello se ha intensificado la vigilancia sobre la amenaza relevante que supone el fraude agroalimentario y en la que se destaca la elaboración y distribución de productos falsificados o de baja calidad, que influye directamente en el mercado de los consumidores.
En las infracciones penales se detectan varios modus operandi, desde la falsificación de documentos para la importación de alcoholes adulterados, así como falsificación de efectos timbrados o precintos de los propios envases. Se han realizado alrededor de 68.000 controles, con 663 detenciones a nivel europeo y se ha llegado a estimar un fraude económico de unos 53,8 millones de euros, con un total de 15.451 toneladas de alimentos incautados.
