«El expediente administrativo se hizo sin respetar de modo alguno el procedimiento legalmente establecido al faltar y omitirse informes y trámites preceptivos y tampoco consta que se publicara la convocatoria del procedimiento en el BOP ni en otro diario oficial», señaló el fiscal en sus calificaciones, precisando que «la empresa adjudicataria es propiedad del alcalde y su esposa, quien presentó la propuesta y declaró no estar incursa en ninguna prohibición de las previstas en la ley para contratar con las administraciones públicas».
Asimismo, y según reseña el fiscal, la subvención obtenida para el establecimiento de una industria en terrenos de titularidad municipal se solicitó dos años antes de iniciar el procedimiento de enajenación pública, iniciando legalmente los trámites de obtención de licencia ambiental en el año 2015. El regidor popular se adjudicó la parcela por debajo del precio mínimo de licitación y, al contrario de lo exigido para el resto de licitadores, no pagó el importe de la parcela hasta haber sido notificado de la denuncia interpuesta por el edil socialista.
En su declaración, López afirmó que no sabía que podía abstenerse en el proceso de adjudicación de la parcela: «el secretario no me informó de ello», ha precisado. Ha añadido que si hubiera sabido que estaba incurriendo en una irregularidad no lo habría hecho porque no ha querido nunca «tener problemas». Respecto a que la parcela se le concediera a un precio inferior al que ofrecían otros interesados, aseguró que también desconocía que hubiera otras ofertas.
La Fiscalía solicitó por estos hechos una pena de diez meses de prisión y una multa de diez euros al día durante quince meses por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, así como su inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante diez años y seis meses por prevaricación. La sentencia del tribunal por este juicio del que mañana se cumplirá un mes todavía no se conoce.
