Ponferrada aprueba inicialmente el plan especial para legalizar la red de calor
El expediente aprobado por la Junta de Gobierno se someterá a información pública durante un período de un mes.
La entrada en funcionamiento de la polémica red de calor de Compostilla, cuestionada por los ecologistas y la asociación de vecinos del barrio, parece estar cada vez más cerca. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ponferrada acordó en su reunión del pasado 21 de julio aprobar inicialmente el plan especial de infraestructuras para la implantación de una red de calor centralizada en el entorno del SUD-11, «con las aclaraciones y/o modificaciones presentadas el 9 de junio de 2022, promovido por SOMACYL y redactado por Planz Planeamiento Urbanístico SLP».
Asimismo, el equipo de Gobierno acordó someter el expediente al información pública «durante al menos un mes, mediante anuncios insertos en el BOCyL, en uno de los diarios provinciales de mayor difusión y en la página web municipal». Una vez cumplido ese plazo, si no se presntasen alegaciones, se procedería a la aprobación definitiva.
Los trámites para legalizar la red de calor, que hasta tan solo ha funcionado en pruebas, se iniciaron en junio de 2021, después de que las licencias fueron anuladas por los tribunales de justicia. La Junta de Gobierno Local dio el visto bueno al avance del plan especial que ahora, un año y un mes después, se aprueba inicialmente. Todavía queda pendiente la autorización para la ocupación del dominio público, paso previo a su entrada en funcionamiento, que el Ayuntamiento calcula que podría producirse a finales de este año.
El ámbito territorial del plan abarca el conjunto del SUD-11, las parcelas de dominio público donde se ubican el pabellón Lydia Valentín, el estadio del Toralín, las piscinas climatizadas y la calle San Martín, la ronda norte (parcialmente incluida en el SUD-11), calle Jose Luis Sáez, avenida de la Constitución y avenida Gran Reino de León.
La información pública, «notoriamente insuficiente»
Las deficiencias en la tramitación del expediente en lo referido a la información pública y la participación ciudadana fueron determinantes para la anulación de las licencias en junio de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Ponferrada y por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL) confirmando en lo sustancial la sentencia de primera instancia.
El TSJ, en sentencia emitida en abril de 2021, subrayó que «está claro no solo que como se dice en la sentencia apelada la información pública resultó notoriamente insuficiente sino que tal circunstancia debe dar lugar a la anulación de la autorización provisional de uso de que aquí se trata y de las licencias urbanísticas que tienen dicha autorización como requisito previo».
En este sentido, el fallo detallaba que «para salir al paso de lo que dice el Ayuntamiento de Ponferrada en su apelación, basta con señalar que no es posible aducir con éxito que la tramitación administrativa se ajustó al Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (LPACyL), entre otras razones porque a lo que debía ajustarse era a la legislación urbanística».
