Denuncian la «inacción» de la CE ante las infracciones ambientales de Anllares y Compostilla
Las eléctricas eludieron presentar antes de su cierre un informe que permita determinar si se ha producido. contaminación.
Las centrales de carbón de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla eludieron presentar un informe base que, al cesar definitivamente la actividad, permita comparar el estado de las áreas en riesgo y determinar si se ha producido contaminación. Según la normativa europea, deberían haber redactado dicho documento en el año 2014, cuando solicitaron la actualización de sus autorizaciones ambientales. Sin embargo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León actualizó estos permisos sin exigir los informes obligatorios. La consecuencia de esta omisión es que, cesada la actividad de estas centrales entre 2018 y 2020, no ha sido posible determinar el nivel de daño ambiental provocado sobre estas áreas, al no existir un informe previo con el que realizar una comparación.
Este fue el motivo por el que, en marzo de 2020, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) denunció el mal proceder de Castilla y León ante la Comisión Europea. Según señaló el IIDMA en su escrito, la falta de estos informes hace imposible, no solo determinar si se ha producido un daño ambiental significativo, sino, en caso de haberse producido, solicitar medidas reparadoras a los operadores. Entre estas medidas se encontraría la obligación de controlar, reducir o eliminar las sustancias peligrosas si, además de la contaminación, se determinase que existe un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente.
En su denuncia, el IIDMA solicitó la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulnerar la legislación ambiental de la Unión Europea. Sin embargo, un año y 11 meses después, la Comisión Europea sigue sin pronunciarse al respecto.
Ante la inacción por parte del citado organismo, esta mañana, el IIDMA ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo, al considerar vulnerados los principios de Buena Administración reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Código Europeo de la Buena Conducta Administrativa, así como las reglas que rigen la tramitación por la Comisión de este tipo de denuncias y sus plazos de instrucción.
El IIDMA fundamenta su reclamación en el hecho de que la Comisión Europea ha superado, sobradamente, el plazo límite de un año para investigar las denuncias registradas en este organismo, y tampoco ha informado al denunciante sobre este retraso. Asimismo, no ha contestado a la carta que el IIDMA envió en noviembre de 2020, solicitando información sobre el estado de su denuncia.
Las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla se encuentran actualmente en la fase inicial de desmantelamiento, por lo que velar por un procedimiento seguro es una prioridad para el IIDMA. “Incluso a falta de los informes base, es fundamental que se lleven a cabo las evaluaciones necesarias para determinar si en estos emplazamientos existe contaminación y, en caso afirmativo, asegurar su restauración. La Comisión Europea no debería esperar más para tomar medidas contra Castilla y León”, afirma Alba Iranzo, abogada ambiental del IIDMA.
