La defensa de Ulibarri admite que “procede imponer las siguientes penas”, a saber: cuatro meses de prisión y 40.000 euros de multa por el delito contra la Hacienda Pública; inhabilitación especial para un cargo público de tres años por prevaricación; seis meses de prisión e inhabilitación de 30 meses por fraude; tres meses de prisión por tráfico de influencias; y otros seis meses de cárcel y cuatro de multa a razón de 10 euros al día. La suma total de las penas propuestas por la defensa asciende a 19 meses, por lo que evitaría su ingreso en prisión.
También José Luis Martínez Parra remitió un escrito el pasado mes de abril a la Audiencia Nacional admitiendo que, dadas las “magníficas relaciones” del grupo de Francisco Correa con distintas administraciones “gobernadas por el PP”, le encargó “la gestión para la adjudicación de obras públicas a su favor”. Y lo hizo «sabedor del coste que conllevaba la citada gestión para pago de los favores que se le iban a conceder». Por ese encargo, relata el texto, Teconsa abonó 1.800.000 euros: 1.380.000 los entregó en efectivo y 420.000 en facturas falsas emitidas por Cresva, una sociedad del lugarteniente de Correa, Pablo Crespo.
En su escrito, Martínez Parra detalla las obras que a partir de 2002 obtuvo en Boadilla tras el “encargo” a Correa: una piscina municipal, un colegio, 96 viviendas y la redacción de dos proyectos también para viviendas. A tenor de sus datos, el daño para las arcas municipales fue enorme: el precio de las 96 viviendas «excedió en 2.867.546 euros sobre el previsto». El empresario berciano asegura ignorar cómo se repartieron el dinero los destinatarios del soborno, cuya existencia ya había desvelado la UDEF. El reparto, según el análisis policial, se habría realizado entre varias personas identificadas en la agenda de Pablo Crespo por las iniciales de sus nombres y apellidos, o bien por los apodos con que eran conocidos.
