El Procurador del Común pedirá información al Ayuntamiento de Toral sobre el velatorio
Los vecinos de las calles de la Iglesia, Carralcobo y el Cantón han reunido mil firmas en contra de la ubicación del tanatorio e insisten en proponer su traslado al polígono industrial.
El Procurador del Común de Castilla y León ha abierto un expediente sobre el proyecto de instalación de un velatorio en la calle de la Iglesia de Toral de los Vados y ha requerido a los vecinos nuevos datos de sus quejas, firmas y escritos, comunicándoles que solicitará, en breve, información detallada tanto al Ayuntamiento como a la Diputación sobre el proyecto de la edificación y demás documentación pertinente.
Los opositores a este proyecto han agradecido su apoyo a todas aquellas personas que se les han unido y solidarizado con ellos, prestándoles sus firmas «y reconociendo que ese emplazamiento entre viviendas no es la ubicación apropiada por ser una zona vecinal y con malos accesos desde la carretera provincial LE-1586/26, máxime, disponiendo ya el municipio de un velatorio con dos salas, una de reciente inauguración, en un lugar apropiado, como es el polígono industrial y de disponer de parcelas más apropiadas para ese uso».
Los promotores de la iniciativa argumentan, en línea con lo expresado por vcarios Defensores del Pueblo, que la instalación de un velatorio en una zona residencial «afectaría indudablemente el valor de las viviendas porque ninguna persona desearía comprar una vivienda al lado de un velatorio». También consideran que «afectaría al ambiente de la zona por el trasiego de dolientes de los fallecidos y los cortejos fúnebres, al encontrarse con familiares y amigos del fallecido forzándoles a convivir con su dolor continuamente”.
La instalación de un velatorio, señalan igualmente, «frenaría sin duda la instalación de otros servicios, como farmacia, comercios, panadería y supermercados, puesto que comercialmente es muy poco atractivo pasear por una zona donde hay un velatorio». Para los vecinos, la legalidad de la instalación no debería ser el único requisito «al que atender ciegamente por la Administración cuando la aprobación o la autorización de un uso, por legal que éste sea, puede llevar consigo molestias a gran parte de los vecinos y el deterioro de la convivencia social”.
