Cacabelos vuelve a batir su propio récord: ya tarda un año en pagar a los proveedores

Cabañas Raras, Sancedo, Noceda, Fabero y Benuza también superan el período medio de 30 días establecido legalmente.
Parecía imposible, pero lo ha vuelto a hacer. El Ayuntamiento de Cacabelos ha batido de nuevo su propio récord de demora en pagar las facturas a sus proveedores, pasando de los diez meses a un año (exactamente, 365,6 días), convirtiéndose así en el cuarto de Castilla y León con más retraso y el 34º de España. Por detrás irrumpe con fuerza Cabañas Raras, que casi alcanza el medio año con sus 149,4 días.
El número de entidades locales de la comarca que superan el límite legalmente establecido de 30 días para el pago a proveedores aumenta de los cinco del tercer trimestre de 2024 a los seis del cuarto, y además Palacios del Sil (29,9 días de demora, exactamente igual que en el listado anterior del Ministerio de Hacienda) se queda a las puertas de sumarse a Cacabelos, Cabañas Raras, Sancedo (35,3) , Noceda (33,7), Fabero (32), y Benuza (30,2).
Todos los demás que han presentado informe están por debajo de ese límite, con Ponferrada en 19,7 y el Consejo Comarcal en 1,9. Seis entidades locales se sitúan entré los 5 y los 10 días, mientras por debajo de cinco días figuran nueve municipios y mancomunidades que han presentado el informe. Otros tres figuran con cero días: Carracedelo, Carucedo y Folgoso.
En el listado publicado por el Ministerio de Hacienda no figuran una decena de ayuntamientos de la comarca: Arganza, Barjas, Igüeña, Molinaseca, Oencia, Peranzanes, Sobrado, Torre del Bierzo, Trabadelo y Valle de Ancares. Ninguno de ellos ha suministrado información, o al menos no le consta a Hacienda, pese a que todas las entidades locales están obligadas a hacerlo.
A las que eludan rendir cuentas, sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, se les formulará el correspondiente requerimiento de cumplimiento. En caso de continuar incumpliendo se dará publicidad del incumplimiento y a la adopción de las medidas automáticas de corrección previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.