El juzgado aplaza la presentación del informe pericial sobre el Mundial
La empresa encargada de captar patrocinadores para el evento se aparta de la causa después de que la Fundación de Deportes le devolviera el aval por importe de un millón de euros.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada, que investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el Mundial de Ciclismo 2014, ha aplazado al día 28 de noviembre la comparecencia del perito judicial que elaboró el informe sobre la gestión del evento.
A esta comparecencia, prevista inicialmente para el próximo miércoles, están convocadas tanto las partes personadas en el procedimiento como el ministerio fiscal, a fin de que el perito judicial les explique todos los extremos de su informe y les aclare cualquier duda que pudieran albergar.
En cuanto a la petición de sobreseimiento y archivo de la causa formulada por las defensas de los investigados (Samuel Folgueral, Sergio Gallardo, Emilio Cubelos, Fernando Álvarez y Marcos Díez Bodelón) la jueza ya les ha comunicado que se resolverá una vez oído el perito judicial autor del informe que fue incorporado a los autos y trasladado a las partes personadas –Plataforma Cuentas Claras y Ayuntamiento de Ponferrada– y al ministerio fiscal.
La magistrada también ha dado traslado a las partes del escrito presentado por la empresa Dentsu Aegis Network, inicialmente encargada de captar patrocinadores para el evento, por el que se aparta del procedimiento en el que venía ejerciendo la acusación particular representada por el despacho de abogados del que fuera ministro del Interior Antonio Camacho.
La decisión de Dentsu Aegis Betwork obedece a que ya ha alcanzado el objetivo que se marcó cuando se enganchó a la causa abierta por el Juzgado número 2 de Ponferrada a instancias de la fiscalía tras recibir una denuncia ciudadana. El pleno municipal aprobó en agosto de 2018 remitir el aval por importe de un millón de euros depositado por la empresa a la Fundación de Deportes para fuese la que decidiese si se lo devolvía o lo ejecutaba, como recomendaba otro informe anterior de los servicios económicos municipales. La retirada de la empresa del procedimiento judicial despeja todas las dudas sobre el sentido del acuerdo adoptado por la Fundación.
