El Gobierno avisa de que Ponferrada perderá ayudas si no aplica la zona de bajas emisiones
Transportes notifica a los municipios que cualquier cambio en los proyectos anticontaminación deberá contar con su visto bueno.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remitido una nota informativa a cerca de 200 ayuntamientos españoles para advertirles de que deberán devolver los fondos europeos Next Generation si se aventuran a desmantelar las zona de bajas emisiones (ZBE). A través de una carta, el gabinete dirigido por Raquel Sánchez previene a todos los municipios que han recibido fondos de Bruselas en el último año para planificar entornos libres de emisiones en el centro de las ciudades.
El Ministerio recalca en su misiva que no solo tendrían que devolver el dinero europeo si eliminan los espacios libres de emisiones, también se exponen a esta sanción si modifican parcialmente el proyecto urbanístico. En la nota se pone de manifiesto que la Ley General de Subvenciones establece que se deberán devolver las ayudas si se da un «incumplimiento total o parcial del objetivo (…) que fundamenta la concesión» de los fondos.
Desde Transportes advierten, además, de que cualquier cambio en las zonas de bajas emisiones deberá ser notificado a la secretaría de Estado de Transportes antes de ser ejecutado, quien deberá aprobar el cambio o denegarlo. Si esto no se realiza, los ayuntamientos se exponen. a perder las ayudas, unos 3 millones de euros en el caso de Ponferrada. Su actual alcalde, Marco Morala, asegura no haber recibido la carta.
Una moratoria hasta 2028
Las ciudades deberán mantener operativos estos espacios de movilidad sostenible al menos cinco años desde su puesta en marcha para evitar sanciones. Los alcaldes de municipios con más de 50.000 habitantes, además, están obligados a disponer de zonas restringidas al tráfico contaminante y, según la Ley de Cambio Climático, estos espacios tendrían que estar habilitados en 2023.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada –formado por PP y Coalición por El Bierzo, con el apoyo de Vox– anunció en julio una serie de actuaciones para evitar la aplicación de la ZBE) promovida durante el mandato de Olegario Ramón (PSOE). El actual alcalde, ;Marco Morala (PP) ha reiterado que «este partido tiene un compromiso con el comercio de Ponferrada» y por ello «trataremos a través del mayor consenso posible cumplir con la normativa europea y con los comerciantes de Ponferrada». El primer objetivo consiste en conseguir «una moratoria hasta 2028 para que entre en vigor el régimen sancionador y en segundo lugar la activación de restricciones de movilidad» .
Morala adelantó su intención de elaborar un estudio para analizar los niveles de contaminación de Ponferrada y a través de estas líneas de actuación «tomaremos las medidas que haya que tomar cumpliendo con la normativa europea y no viéndonos abocados a devolver los 3 millones ya destinados a esta zona». También ha insistido en varias ocasiones en que «la calidad del aire de Ponferrada es buena y no da lugar a que haya que aplicar restricciones», ciñéndose en que se «usará el sentido común» y tachando el proyecto impulsado por el anterior mandato de PSOE como un «disparate sin haber tenido en cuenta las necesidades comerciales de la ciudad y el riesgo económico que supone».
