Bierzo Aire Limpio denuncia la arbitrariedad de la Junta en el despliegue de renovables
La organización interpone una queja ante el Procurador del Común por los «incumplimientos de la Ley de Cambio Climático».
La ong Bierzo Aire Limpio ha elevado una queja ante el Procurador del Común contra las repetidas arbitrariedadesde la Junta de Castilla y León y sus reiterados incumplimientos de la Ley de Cambio Climático en la tramitación de complejos industriales eólicos y fotovoltaicos.
En un amplio escrito, de más de veinte páginas, Bierzo Aire Limpio expone al Procurador del Común todos y cada uno de los incumplimientos que se vienen observando por parte de la Junta de Castilla y León, “con el único fin —afirma la ong ecologista— de favorecer a las multinacionales que pretenden convertir nuestro territorio en un negocio y un desierto”.
A juicio de Aire Limpio, “la Junta conculca el principio de interdicción de la arbitrariedad, con diversas irregularidades e incoherencias respecto al despliegue de renovables, según establece la ley que enmarca el sector; la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, y la normativa que la desarrolla, al no cumplir con sus principios de biodiversidad y conectividad de unos ecosistemas que necesitamos para enfrentar el reto del cambio climático”.
“Ni se está cumpliendo con el principio de menor impacto ni con la prescriptiva coordinación con el Ministerio, porque el propio MITECO reconoce en su hoja de ruta que entre tejados y cubiertas contamos con un potencial en España de 169 GB que son tres veces más de lo que se quiere ampliar para el horizonte de 2030. Ello es así por la inobservancia de estos principios en las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas, y por la respuesta insuficiente al requerimiento de BAL acerca del cumplimiento de estas disposiciones, o por respuestas incoherentes, como, por ejemplo, sobre el monte arbolado”.
“No se otorga a los Montes de Utilidad Pública el estatus de protección legal que les corresponde como sumideros de carbono según la Ley de Montes y la propia Ley de Cambio Climático; la JCyL no aclara el mapa oficial de zonificación ni sus criterios. Por esta causa, la propia Junta ha dictado resoluciones de Impacto Ambiental favorables en zonas de exclusión (tales como suelo agrario de regadío y monte arbolado, montes de utilidad pública, etc)”.
“En estas tramitaciones —prosigue BAL— no se revisan los derechos sobre esos terrenos, en muchos casos de dominio público o bienes comunales; ni los requisitos de contratación pública, ni se justifica el interés general. Toda esta tramitación anómala, opaca, oscurantista, viene produciéndose de un modo sistemático por parte de la Junta de Castilla y León; baste como ejemplo el oficio de respuesta (firmado por la Jefa del Servicio de Sanidad Ambiental) y remitido a Bierzo Aire Limpio, en el que la respuesta—absolutamente arbitraria y carente de motivación, es decir, nula— apenas ocupa una línea”.
