La Zona de Bajas Emisiones apartará a los vecinos del medio rural del comercio del centro

Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) rechaza las limitaciones a la circulación que supondrá la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada para los habitantes del medio rural. La agrupación considera que el Ayuntamiento no está obligado a imponer las restricciones al tráfico rodado planteadas para poblaciones de más de 50.000 habitantes, puesto que la ciudad de Ponferrada apenas alcanza los 40.000, residiendo el resto de la población en los pueblos y barrios del municipio.

Los ciudadanos del medio rural, y concretamente, las personas mayores, «será uno de los grupos damnificados por la implantación de esta medida, que les empujará a hacer sus compras y sus gestiones en el centro comercial o en los municipios periféricos», pronostica VIAs. Las restricciones de entrada a la ZBE tendrán como consecuencia, agrega, «el perjuicio económico para los comercios del centro de la ciudad, incluido el mercado de abastos, el freno al emprendimiento y molestias para los trabajadores de los establecimientos de no verse finalmente libres de impedimento en la futura ordenanza reguladora».

El Ayuntamiento de Ponferrada prevé limitar a entre 50 y 150 accesos anuales a los vehículos sin sello ambiental o con etiquetas C y B, lo que en la práctica repercutirá en el 40% del parque móvil del municipio. Son, paradójicamente, los propietarios de los vehículos con pegatinas C y B —gasolina a partir del 2000 y diésel a partir del 2006— los que pagan un impuesto de circulación más alto y exento de bonificaciones de los que más se verían afectados por las limitaciones.

Por otra parre,  VIAs aboga por excluir a las zonas de aparcamiento en la calzada de los espacios de uso público que la hostelería puede ocupar para la instalación de terrazas. La formación pide modificar el borrador de la nueva ordenanza reguladora que, si bien plantea esta posibilidad para cuando los locales no cumplan con las condiciones para instalar su terraza en la acera, considera que deben primar la seguridad vial y los derechos de los ciudadanos sobre el interés lucrativo.

«El uso de los aparcamientos de pago por parte de los negocios de hostelería no supone si no un perjuicio para las arcas municipales, que afrontaron el año pasado el pago de 180.000 euros a la concesionaria de la O.R.A. para compensar su ocupación obligada durante la pandemia, explica VIAs, que plantea asimismo acotar la instalación de terrazas al frente de la fachada de los establecimientos y reducir el espacio máximo que pueden ocupar en plazas públicas, establecido entre el 60% y 80% del total en el borrador elaborado por el consistorio.