Un concejal socialista aboga por «demoler» la central de calor
Manuel de la Fuente es partidario de exigir responsabilidades al anterior equipo de Gobierno por la concesión de las licencias anuladas por la justicia.
El alcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, todavía duda si debe recurrir o no la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León que anuló cuatro acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Ponferrada en virtud de los cuales se otorgaron licencia y autorización para el inicio de las obras de la Central Térmica y Red de Calor con Biomasa de Ponferrada. Al menos eso es lo que declaró este domingo, a la espera de analizar con los servicios jurídicos municipales una decisión que en su opinión «debemos pensar muy mucho».
En cambio, su compañero de partido y de gobierno Manuel de la Fuente Castro parece tener las ideas mucho más claras. «Hay que demoler la central y exigir responsabilidades a los muñidores de este esperpento», apunta el responsable del área de Mantenimiento de espacios y edificios públicos y mercados del consistorio ponferradino.
Es más, De la Fuente cree que las costas del procedimiento a cuyo abono ha sido condenado el Ayuntamiento «las deben pagar doña Gloria Merayo, el señor Mendo y la Junta de Castilla y León». El edil defiende que su opinión –expresada «a título estrictamente personal», según precisó a BierzoDiario– «es coherente con el compromiso adquirido por el PSOE» en una reunión celebrada con los vecinos de Compostilla antes de las últimas elecciones municipales.
La postura del concejal socialista coincide con la expresada tras conocerse la sentencia por la asociación de vecinos del barrio de Compostilla, que junto a Bierzo Aire Limpio impugnó en los tribunales las licencias municipales para la red de calor. El colectivo ha instado al Gobierno local a no recurrir la sentencia que declara ilegal la central de biomasa«generando más gastos de los ya asumidos por los ciudadanos de Ponferrada». También reclama que los gastos de desmontaje de las instalaciones los asuma la Junta de Castilla y León.
La Junta estudia interporner un recurso
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, por su parte, opina que la sentencia «realiza una interpretación de determinadas figuras y conceptos técnico-urbanísticos que es discutible». En concreto, apunta que se trata de «una interpretación de si lo construido es un equipamiento o una instalación industrial, y si puede estar o no amparada por una autorización de uso provisional, en espera de que el Ayuntamiento desarrolle el Plan Parcial Parque de la Juventud”.
En ese debate jurídico se centrará la actuación jurídica del Ejecutivo autonómico, dado que la resolución del juzgado de lo contencioso es recurrible. «Una sentencia que se respeta pero que no se comparte y que, por tanto, será estudiado su posible recurso por los servicios jurídicos correspondientes sobre la base de esa cuestionable interpretación», apostillan desde la Consejería.
Al margen del posible recurso, si algún aspecto de carácter técnico-urbanístico puede ser subsanado y la licencia en precario, tan común en infraestructuras y dotaciones energéticas sobre suelos en desarrollo, debe asumir otra forma, «no cabe duda que las instancias pertinentes adoptarán las medidas y acciones oportunas para la plena efectividad de este proyecto de modernidad, sostenibilidad y economía para la ciudad de Ponferrada».
