[TRIBUNA 6-D] Defender y proteger los valores de la Constitución
RUTH MORALES | El día 6 de diciembre, después de 44 años, continuamos celebrando la fiesta de nuestra Democracia. Nos hemos acostumbrado a conmemorarlo dando por sentado que este sistema, en sus líneas generales, es un contexto inmutable.
Nada más lejos de la realidad. Las consecuencias de las mutaciones que están sucediendo de manera simultánea, en el orden político y en la economía mundial, en el acceso a los recursos energéticos y naturales y en el avance imparable de la tecnología, provocan que vivamos en una época turbulenta donde el paradigma político presenta un desenlace incierto y difícil de vislumbrar.
Esta metamorfosis global conlleva transformaciones sociales de gran calado que derivarán en profundos cambios políticos internos. Puede que ni siquiera seamos conscientes de lo que está sucediendo, del mismo modo que, hasta que no ocurre un terremoto, no percibimos el movimiento de las placas tectónicas. Lo cierto es que avanzamos inexorablemente hacia un nuevo escenario político que comienza a cuestionar los fundamentos de nuestro ordenamiento constitucional.
La esencia de nuestra democracia descansa sobre el respeto al ordenamiento jurídico y al orden constitucional. Ambos se sustentan en el consenso político y social, y en la existencia de unos mecanismos institucionales garantes de su permanencia. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los discursos que, amparándose en una supuesta defensa de la democracia más auténtica, realmente transitan por una senda que conduce a su degeneración e incluso a su final.
Ya lo advertía el gran jurista y teórico del constitucionalismo, Hans Kelsen: “como toda norma, también la Constitución puede ser violada sólo por aquellos que deben cumplirla”. Eso, exactamente, es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en España. Aquellos que habían jurado o prometido su cumplimiento para acceder a las más altas magistraturas públicas, desafiaron abiertamente la legalidad constitucional en defensa de un supuesto mandato democrático y cometieron conscientemente un delito. En nada ayuda a la supervivencia de nuestro sistema político vaciar de contenido las herramientas jurídico-penales que castigan los delitos de rebelión y sedición. Ni llevar al extremo la politización del Tribunal Constitucional para privarle definitivamente de su neutralidad y hacerlo inservible para la tarea que tiene encomendada.
El mayor peligro al que nos enfrentamos como sociedad reside en pensar que la democracia está garantizada. Debemos protegerla cuidadosamente, siendo conscientes de que en la actualidad es muy fácil minar invisiblemente las democracias desde dentro, siendo cada vez más difícil detectar lo que está sucediendo.
Vivimos inmersos en la tecnología de la información y de la comunicación y no hay que perder de vista que el populismo, de cualquier signo, es la amenaza natural de la política democrática en la era de la tecnología digital.
Si queremos que la democracia sea el sistema que garantice nuestras libertades y nuestra convivencia pacífica, es imprescindible confiar en los valores políticos compartidos por la inmensa mayoría de la sociedad española, y buscar el consenso en todos los ámbitos institucionales para poder hacer frente a la deriva secesionista y populista de las minorías, que mediante el enfrentamiento y la confrontación, pretenden acabar con la unidad de España.
El mejor servicio a la sociedad que podemos desempeñar como representantes públicos constitucionalmente elegidos es proteger la constitución, respetando las instituciones, fomentando los consensos, desempeñando con honestidad nuestro trabajo y velando por la convivencia, la libertad y la democracia.
