El Ayuntamiento se compromete a elaborar una ordenanza de uso de espacios públicos
El compromiso adquirido ante el Procurador del Común supone el final de la discrecionalidad en la concesión de permisos.
El Procurador del Común de Castilla y León ha cerrado el expediente abierto al Ayuntamiento de Ponferrada por carecer de una ordenanza reguladora del uso y ocupación de espacios de titularidad municipal, después de que el consistorio reconozca su inexistencia y se haya comprometido a «abordar la cuestión en próximas fechas desde el ámbito de la producción normativa».
El defensor del pueblo de la comunidad autónoma había sugerido al consistorio ponferradino, tras una queja formulada por la asociación de vecinos Estación Temple Navaliegos, la conveniencia de aprobar una ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios de dominio público que incluya la regulación de la celebración de eventos y actividades cívicas, culturales, lúdicas, deportivas y similares, y que fomente «la debida colaboración y coordinación con las asociaciones y/o empresas organizadoras de los mismos y, en su caso, establezca plazos preclusivos, tanto para la solicitud como para la resolución municipal, que garanticen el debido equilibrio entre la eficacia en la actuación administrativa y la salvaguarda de los derechos ciudadanos, en los términos que se deducen del cuerpo de esta resolución».
La asociación Estación Temple Navaliegos ha recibido con satisfacción este compromiso, subrayando que «de una vez se consigue que la Ordenanza Municipal en esta ciudad no sea el capricho del que manda con exigencias discrecionales en cuanto quienes eran los solicitantes». Con esta ordenanza, destacan, » se sabrán las condiciones y plazos de respuestas a las solicitudes para la realización de todo tipo de eventos, porque no es de recibo que a unos se les diga que el Ayuntamiento no puede dar dinero y a otras se les entregue hasta 12.000 para hacer sus fiestas, según fuentes fidedignas».
La oficina del Procurador del Común considera cerrado el asunto, aunque no obstante advierte de que porcedería a reabrir su intervención «en el supuesto de que transcurrido un plazo de tiempo prudencial no se adoptaran las medidas anunciadas por la Administración».
