Movilidad espera los informes técnicos para debatir el contrato puente del TUP
El concejal Antonio Cartón anuncia a la comisión especial en cuanto disponga de los estudios técnicos y jurídicos para abordar una solución transitoria previa a la municipalización.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada no ha desistido de su intención de asumir la gestión del servicio de autobuses urbanos, pero quiere tomarse su tiempo para resolver todos los flecos pendientes, entre ellos la situación de la flota de vehículos, objeto de constantes quejas de los usuarios.
Por eso, su apuesta consiste ahora en un contrato puente de dos o tres años, previo al planteamiento de la solución definitiva, para el que deberá procederse a una nueva licitación. El concejal de Movilidad, Antonio Cartón, anunció este martes que está a la espera de los informes técnicos, económicos y jurídicos para convocar una reunión de la comisión especial del TUP en la que se debatirá el procedimiento a seguir y las estipulaciones de ese contrato puente.
El contrato con la actual concesionaria del servicio de transporte urbano de Ponferrada permanece en situación alegal desde marzo de 2012, sin que ninguno de los gobiernos municipales que se han sucedido desde entonces—presididos por Carlos López Riesco, Samuel Folgueral y Gloria Fernández Merayo, esta durante los últimos cuatro años— haya tomado una decisión al respecto.
Tras fracasar los intentos de licitar de nuevo el servicio, la anterior corporación aprobó en diciembre pasado la creación de una comisión especial encargada de emitir un dictamen sobre la fórmula que considere más adecuada para gestionar el servicio de transporte urbano de viajeros de acuerdo con la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
La nueva corporación ha heredado la patata caliente del transporte urbano de viajeros, que actualmente le cuesta más de un millón de euros anuales a las arcas públicas en concepto de déficit de explotación. Los técnicos del Ayuntamiento han advertido reiteradamente de la situación irregular del contrato con la concesionaria, participada por el empresario José Luis Ulibarri, para el que la fiscalía pide 7 años de prisión en una de las piezas de Gürtel e investigado por la trama Enredadera.
