[TRIBUNA] 30 años de gobierno comarcal berciano
JAVIER LAGO MESTRE | En julio de 1991 se constituyó el primer pleno comarcal y comenzó el nuevo gobierno con una carencia total de medios personales, materiales y económicos. Por fin El Bierzo gozaba de cierto grado de autonomía política. Esta concesión descentralizadora fue fruto de una larga reivindicación berciana, política con partidos (regional, provincial o comarcal) y acompañada de la movilización social.
La Junta de Castilla y León sintió esa presión política y social berciana, de ahí que tuviese que conceder un estatuto de comarcalización. La negociación política no resultó fácil. Se debatieron varios proyectos de ley, se aprobaron dos leyes comarcales (1991y 2010), y se reconoció la Comarca de El Bierzo en el propio Estatuto de autonomía de Castilla y León (2007), reforzando así su protección jurídica mediante ley orgánica aprobada por las Cortes generales.
La Comarca de El Bierzo tuvo que soportar coyunturas políticas adversas. Recordemos que los partidos de izquierdas siempre apostaron por una ordenación comarcal generalizada en Castilla y León. Mientras que el partido popular se decantó por el reconocimiento de una sola comarca política, la berciana, y el establecimiento de una ordenación territorial mediante unidades funcionales. Por otra parte, el leonesismo político y cultural siempre ha visto la autonomía berciana como un intento de división de la provincia leonesa. Tanto El Bierzo como el pirinaico Arán han apostado por un procedimiento especial que ha singularizado la reivindicación política.
El gobierno comarcal berciano se ha desarrollado con muchas dificultades por la falta de desarrollo sus variadas competencias (art. 4). Tanto la Diputación leonesa (art. 8) como la Junta de Castilla y León dilatan la posible cesión, traspaso o delegación de competencias, alegando el respeto de su autonomía constitucional y la defensa de su ámbito competencial. Las dinámicas centralistas son seculares y no son fáciles de cambiar frente a las demandas legítimas del Consejo comarcal.
Las dichas resistencias de la Diputación leonesa y la Junta de Castilla y León obligan al Consejo comarcal a administrar sus escasos recursos (personales, materiales y económicos) con unos restrictivos principios de eficacia y eficiencia. Todos bien sabemos del trabajo comarcal en diversas áreas, casos de la cooperación (asesoramiento a entidades locales y pequeñas obras), medio ambiente (medio natural), bienestar social (protección de menores, drogodependientes…), promoción económica (turismo, formación, empleo…), atención al ciudadano (registro general), banco de tierras, etc. Conocemos que hay otros servicios que podrían ser comarcalizados, como extinción de incendios, recogida y reciclaje de residuos, urbanismo, recaudación tributos locales, etc.
La falta de autonomía financiera fuerza al Consejo comarcal a negociar continuamente sus ingresos económicos con las otras dos administraciones comentadas. De ahí la firma de sucesivos convenios con la Diputación y la Junta de Castilla y León (años 2003, 2009 y 2020). Además, hay que añadir que la legislación estatal (Ley de haciendas locales) tampoco favorece la autonomía financiera de las comarcas. Los problemas económicos han condicionado el desarrollo comarcal en Catalunya, Aragón y Navarra, incluso en Galicia se suprimieron las fundaciones comarcales, ejemplo de Valdeorras en 2011.
Es importante señalar que el Consejo comarcal no puede olvidar la capacidad reivindicativa para mejorar su autogobierno. Por eso, de cara al futuro hay que demandar la capacidad de iniciativa legislativa ante las Cortes regionales o el derecho a celebrar consultas populares. Recordemos que Arán ya tiene reconocidas estas competencias. Resulta lógico que el idioma gallego posea un uso administrativo parcial, para lo cual se precisa de un servicio lingüístico comarcal. Lamentable es que en la Ley de la Comarca no aparezca reconocida nuestra simbología propia (bandera cruceira, escudo, Diazo, himno…). Y el Consejo comarcal debe tener su capacidad de establecer relaciones exteriores, como la firma de convenios de colaboración con instituciones de Galicia.
En la reforma legal de 2010 se ha reforzado el carácter político y la representación territorial con la Junta de gobierno y la Asamblea de ediles, además de la división en 6 distritos electorales. Ahora es conveniente profundizar en la participación ciudadana, con la elección directa, como medio para alcanzar mayor representatividad democrática. Otros mecanismos participativos son la iniciativa ciudadana, la intervención y audiencia digital, las encuestas o las consultas populares.
El Consejo comarcal debe profundizar en sus relaciones con comarcas vecinas, como Laciana, La Cabrera y Valdeorras. Para ello será fundamental articular mejor el territorio mediante vías de comunicación adecuadas. El gobierno comarcal no puede estar condicionado por una frontera administrativa artificial que nos separa de Galicia. El Consejo comarcal tiene que ejecutar políticas territoriales abiertas en lo que se refiere a espacios naturales periféricos (Os Ancares, A Enciña da Lastra y O Courel), estableciendo intervenciones comunes con Galicia (vías de comunicación, promoción turística, desarrollo rural sostenible, etc.
La Comarca de El Bierzo es una institución que permitirá afrontar en mejores condiciones los retos del siglo XXI (despoblación, subdesarrollo interior, etc). El Consejo comarcal representa mejor los intereses bercianos ante otras administraciones superiores. Se favorece también la identidad berciana, como proceso de socialización, y se refuerza el sentido de pertenencia colectiva. Mientras otras comarcas vecinas sufren el continuo desarraigo social por su excesiva dependencia exterior. El Bierzo puede alcanzar un mayor protagonismo institucional y territorial en la llamada región Sileste. Las pequeñas comarcas periféricas precisan de un centro urbano intermedio, como Ponferrada, y de una institución territorial más cercana que las lejanas capitales provinciales.
