Ulibarri traspasa a sus hijas el control del ‘Diario de León’ antes de sentarse en el banquillo
El juicio por la pieza separada del caso Gürtel de Boadilla del Monte está previsto para septiembre y durará siete meses.
Después de desprenderse de sus cargos en Radiotelevisión de Castilla y León, José Luis Ulibarri ha dado un paso más a pocos meses de sentarse en el banquillo por primera vez para responder de una de las causas en las que está imputado. El empresario ha abandonado la presidencia de El Diario de León S.A. (editora de la cabecera del decano de la prensa provincial), que modifica además varios artículos de sus estatutos.
Así, la gestión que recaía hasta ahora en el consejo de administración pasa a depender de dos administradoras solidarias, que serán sus hijas Adriana (hasta ahora vicepresidenta de ese consejo) y Soledad Ulibarri Fernández. Las modificaciones estatutarias, ceses –que también alcanzan a Miguel Hernán Manovel García como consejero y secretario– y nombramientos de cargos societarios se oficializaron en el Registro Mercantil a finales del pasado mes de abril.
La Audiencia Nacional ha señalado la fecha del juicio de la pieza separada de Boadilla, dentro del caso Gürtel, que se desarrollará a lo largo de siete meses y 54 sesiones, desde el 22 de septiembre de 2021 hasta el 24 de febrero de 2022. Entre los 27 acusados está el constructor y magnate de medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, para el que la Fiscalía pide 7 años y 1 mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil.
En la pieza de Boadilla se han investigado los sobornos que las empresas de Correa entregaron a autoridades y a funcionarios del municipio madrileño entre los años 2001 y 2009 para obtener licitaciones. Según apuntó el juez De la Mata en uno de sus autos, la trama «llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública» de Boadilla del Monte, un feudo histórico del PP de Madrid.
En concreto, por el delito de prevaricación relacionado con la adjudicación a UFC SA de una parcela en Boadilla, la fiscalía pide para Ulibarri una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por fraude a las Administraciones solicita las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por tráfico de influencias, 11 meses. Por el delito contra la Hacienda Pública, 2 años y 2 meses de prisión y 320.000 euros de multa. Por delito continuado de falsedad en documento mercantil, 2 años de prisión y 11 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros.
11 años para Blanco Balín y 9 para Martínez Parra
Según el juez instructor, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron.
El señalamiento de este juicio preocupaba a Ulibarri, como se deduce de las escuchas autorizadas por el juez en la Operación Enredadera, una red que presuntamente amañaba concursos públicos y que lideraba este empresario. En una de las conversaciones captadas por la UDEF y transcritas en un informe, el empresario pedía a su letrado, hablar con alguien «de arriba» para que los fiscales de la pieza de Boadilla recibiesen «directrices». De lo contrario, afirmaba, estarían «perdidos».
Ulibarri, dueño del Diario de León y del 50% de Televisión Castilla y León, es también copropietario de la concesionaria del transporte urbano de Ponferrada (TUP), servicio que en los próximos meses saldrá a licitación por un período de dos años, previo a la municipalización a la que se comprometió el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento.
Con Ulibarri, investigado también las tramas Púnica y Enredadera, así como en otra pieza de Gürtel, compartirán banquillo durante esos meses otros dos bercianos habituales en el banquillo de este caso, José Luis Martínez Parra (Teconsa) y José Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro financiero de la trama dirigida por Francisco Correa.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 9 años de prisión para Martínez Parra y de 11 para Blanco Balín. Según el sumario, Teconsa fue una de las empresas más beneficiadas por los contratos investigados por Anticorrupción y también una de las que más comisiones habrían pagado a la trama para obtener adjudicaciones, hasta un total de cinco.
