Amnistía Internacional alerta sobre la compra de armas ‘táser’ en Toral de los Vados
La pistola Taser adquirida por el Ayuntamiento de Toral de los Vados para su policía
Amnistía Internacional Castilla y León quiere advertir sobre la posibilidad de adquisición y el uso de armas táser por parte de varios ayuntamientos de Castilla y León con servicio de policía municipal., entre ellos el de Toral de los Vados.
En su contestación al requerimiento, el consistorio berciano ha afirmado que cumplirán con la normativa, pero desde Amnistía Internacional Castilla y León afirman que «estamos trabajando en la réplica a esta respuesta».
Las armas de electrochoque, conocidas popularmente como táser, aunque catalogadas como menos letales, pueden causar graves daños o incluso la muerte. Aparte del dolor extremo al impacto que suponen las armas de electrochoque y de las lesiones secundarias que pueden derivarse de la caída al suelo de la persona, hay perfiles de personas que, por determinadas condiciones físicas, son más vulnerables frente a este tipo de armas (personas mayores, niños, embarazadas, personas con problemas cardíacos o respiratorios, personas bajo la influencia de ciertos medicamentos o drogas, etc), incluyendo la muerte de algunas personas. Además, los dardos pueden causar lesiones penetrantes en la piel, los ojos, la cabeza y los órganos internos, que pueden ser graves.
Aunque Amnistía Internacional no se opone a que este tipo de armas de electrochoque puedan formar parte de la equipación de algunos cuerpos policiales, debido a las consecuencias que tiene su empleo, sí tiene algunas preocupaciones con relación a su uso y el respeto a los derechos humanos, por lo que se pide que estén sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego, debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de la persona sobre la que se emplean.
Desde Amnistía Internacional se considera que si este tipo de armas terminan por formar parte del armamento de las policías municipales deben elaborarse protocolos públicos de su uso y garantizar que los agentes policiales que vayan a utilizarlas estén debidamente formados en su utilización y riesgos, así como en las precauciones que deben tomarse para evitar dichos riesgos. Asimismo, debe garantizarse el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas tanto a nivel interno (como la elaboración periódica de informes públicos sobre los incidentes en los que hayan sido utilizadas) como a nivel externo. En este sentido, Amnistía Internacional reclama la necesidad de un mecanismo independiente de investigación, con un mandato suficiente para investigar y vigilar las actuaciones policiales, y ante los que el público también pueda presentar denuncias, incluyendo también la supervisión e investigación de la conducta y las operaciones de la policía en el uso de este tipo de armas.
