La Junta estudia un toque de queda «desde las 9 o las 10 de la noche»
La medida, jurídicamente controvertida, comenzaría a aplicarse desde mañana viernes según el vicepresidente Francisco Igea.
Más papista que el papa, la Junta de Castilla y León prepara la declaración de una especie de estado de alarma de andar por casa, en cuya redacción trabajan los servicios jurídicos para imponer el toque de queda desde este viernes en toda la Comunidad, según ha adelantado esta noche en una entrevista televisiva el vicepresidente autonómico, Francisco Igea.
«Esto es un juego del Gobierno incomprensible, esto es no puede ser un tú la llevas», ha lamentado el político de Ciudadanos. El toque de queda en el que están pensando Igea y su consejera de Sanidad, Verónica Casado, no sería a las doce de la noche, sino mucho más temprano, «porque no se puede pasar del bar al piso», y oscilaría entre las 21 y las 22 horas.
Igea ha asegurado sentirse «perplejo por lo ocurrido esta tarde», en el Consejo Interterritorial, en el que no se ha acordado el toque de queda a falta de estudiar su encaje jurídico. El vicepresidente también ha criticado que el acuerdo alcanzado no se plasme en una orden, y añadió que entretanto la Junta estudia cómo «trasponer» las medidas acordadas.
«No se ha transmitido la gravedad del momento, la respuesta ha sido francamente decepcionante, los españoles esperaban ver salir a su presidente para decir que estamos muy mal y que hay que estar en casa a las nueve o las diez, y no transmitir que se va a valorar, es indignante y toda España está atónita», interpreta Igea. Por otro lado, se ha referido a una situación muy compleja, puesto que la Junta pretende levantar los confinamientos perimetrales, que «no funcionan», y no pueden hacerlo por estar en vigor la orden ministerial.
«Mañana tomaremos todas las medidas que podamos tomar con toda la inseguridad jurídica que nos han dejado y a riesgo de que un tribunal nos las tumbe», insistió Igea. El municipio de Ponferrada está pendiente de la decisión de la Junta, que tras anunciar el cierre perimetral a partir de la medianoche de este viernes paralizó posteriormente la orden a la espera de los acuerdos del Consejo Interterritorial que tanto parecen haber defraudado al vicepresidente de la Junta.
Comunidades autónomas como Aragón, gobernada por el PSOE, han ordenado el cierre de sus tres capitales de provincia por decreto ley y el cierre de la hostelería a las diez de la noche por el aumento de contagios. La novedad jurídica es que el decreto ley, que debe ser convalidado por los parlamentos autonómicos que lo apliquen, evita que tengan que pronunciarse los tribunales superiores de cada comunidad y puedan tumbar las restricciones. El funcionamiento habitual hasta la fecha era que los confinamientos se ordenaban mediante decreto, que automáticamente se enviaba al Tribunal Superior regional para su validación. El decreto ley autonómico, según interpreta el Gobierno aragonés, solo sería recurrible ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de la Comunidad Valenciana, el también socialista Ximo Puig, ha anunciado esta noche su intención de aprobar un toque de queda en todo su ámbito territorial entre la medianoche y las 6 de la mañana que se extendería hasta el 9 de diciembre.
