[TRIBUNA 6-D] El reto de la igualdad y la justicia
MARCO MORALA | Este ha sido un mandato tan marcado por hechos extraordinarios que ha impedido discursos repetitivos del día de la Constitución, con los consabidos tópicos tantas veces mencionados anteriormente. No va a suceder cosa distinta este último año del mandato municipal que nos ha tocado vivir en esta corporación. Después de la pandemia que ha azotado nuestra sociedad y de las medidas que ha habido que adoptar para hacerle frente, que sin duda marcarán la forma en la que las generaciones siguientes vean si hemos estado a la altura o nuestros gobernantes se han equivocado, siguen quedando restos de la anormalidad en la que hemos vivido. Anormalidad médica, social y económica. Si en algunas de estas facetas se ha intentado volver a la normalidad -o a eso que un tanto pretenciosamente se ha denominado nueva normalidad-, en otras como ocurre con la economía, por el contrario, la normalidad en la que estamos instalados en Ponferrada es la de una actividad tan decreciente como la ambición por variar las cosas.
En el pasado discurso insistimos en que nuestro primer pensamiento en una jornada de celebración de los valores constitucionales debía necesariamente ser para todos aquellos que en años anteriores nos acompañaron y se han quedado por el camino. No solo no podemos cambiar esta forma de empezar, sino que la tenemos que amplificar. Algunos se han quedado por el camino como consecuencia de una pandemia que ha causado verdaderos estragos en muchas familias, y con ellas sigue estando nuestra preocupación y nuestro recuerdo. Sin embargo, otros se han quedado por el camino precisamente por emprender caminos diferentes, caminos que les han llevado lejos de Ponferrada, lejos de los suyos. Y estos que han tenido que buscar su futuro en otras latitudes, estos que hasta este mandato eran nuestros, pesan tanto como los que se han ido por causas sanitarias.
La población de Ponferrada desciende, lo hace incesante y alarmantemente, lo hace de forma tan imposible de ocultar que este problema clama por ser la primera de las preocupaciones a las que debiéramos atender en este salón de plenos. No se trata de arrinconar otros problemas que son normales en todos los ayuntamientos, como son las obras bien hechas y hechas a tiempo y no para el tiempo electoral; las políticas sociales locales más inclusivas y no para suscitar rechazos o debates dentro de los mismos bloques ideológicos de quienes las proponen; una movilidad que es una manifestación de la libertad constitucional y que en Ponferrada en estos momentos está sometida a incertidumbres que los ciudadanos no comprenden. Todo eso y tantas otras cosas más son importantes. Pero son políticas para las personas, porque sin las personas, los vecinos, los habitantes de nuestros barrios y pueblos, en definitiva, el corazón de nuestra ciudad, nada de nuestra actividad en esta casa consistorial se entiende, se explica o se justifica. Por tanto, preguntarnos si tenemos ahora más o menos personas que cuando empezamos el mandato no es un interrogante baladí o menor, sino un criterio de adecuación de todo lo que aquí se hace.
Una parte del descenso de nuestro padrón municipal tiene que ver con el decrecimiento vegetativo que arroja en estos años lamentablemente más muertos que nacimientos en nuestra ciudad, pero otra parte verdaderamente trascendental se relaciona con la incapacidad para proporcionar desde las Administraciones Públicas alternativas duraderas de vida a quienes quieren emprender proyectos vitales en nuestro municipio. Y no se producen nacimientos cuando hay menos familias jóvenes. Quedan menos familias jóvenes cuando se accede a poco trabajo y se ha permitido por decisiones políticas o ideológicas todavía no bien justificadas la desaparición de sectores tradicionales esenciales para la economía ponferradina y berciana. Sin actividad económica no se multiplica el trabajo, sin empleo no se forjan proyectos de vida familiares, sin familias jóvenes estamos abocados a seguir teniendo más decesos que nacimientos. Esta es la espiral en la que algunos poderes públicos se han instalado como si fuera normal, o por lo menos la han normalizado en sus explicaciones como si nada tuviera que ver con ellos, sus decisiones o sus omisiones.
No podemos decir que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos para desentenderse a continuación de sus problemas, buscando siempre a quién echarle la culpa. Sobre todo, porque hablamos no solo del derecho al trabajo, sino también del deber de trabajar entendido como corresponsabilidad por ganar juntos un futuro más esperanzador. Hay quien cuando gobernaban otros tenía clarísimo que era culpa de los responsables municipales, ahora no se puede mirar para otro lado cuando año tras año se pierde población en Ponferrada. Se hace nada menos que por centenares y no por docenas de habitantes. Algo no se estará haciendo bien, claro que todo lo que no se haga bien en este sentido repercute en una menor virtualidad de los valores constitucionales y en un menor disfrute de los derechos constitucionales y libertades fundamentales que hoy celebramos.
Antes siquiera de desgranar cuáles son estos derechos fundamentales, nuestra Carta Magna establece como valores informadores de toda la Constitución la igualdad y la justicia. Pues bien, para quienes no pueden hacer el proyecto de vida que tenían pensado en su ciudad y se ven obligados a desarraigarse para buscar su futuro en otro sitio, no hay justicia, ni son iguales que otros ciudadanos de otros territorios. Ante esta realidad innegable algo tiene que hacer este ayuntamiento, no puede quedarse sujeto a una apatía que reproduzca un año tras otro este esquema sin oponerle algunas políticas que intenten incentivar la reversión de este estado de cosas. Esta es nuestra primera preocupación en estos momentos.
Naturalmente no quiere decir esta aspiración que no existan otras preocupaciones. Nuestra convivencia constitucional está siendo sometida a tensiones sin precedentes que reclaman otra forma de hacer política, otra manera de encarar las relaciones entre territorios y entre grupos sociales que no responda a una dinámica interesada de puro mantenimiento al frente de las instituciones, sino a su fortalecimiento. Muchos ponferradinos tienen la sensación de que lo que a Ponferrada se le debe, otros territorios lo reciben, en ayudas, en servicios, en infraestructuras, en presupuestos que quiebran el principio de solidaridad que nuestra Constitución proclama. Todo ello para reforzar acuerdos políticos con aquellos que en otros territorios, como en Cataluña, ni siquiera se consideran sujetos por los lazos constitucionales. Eso es muy difícil de comprender en Ponferrada. Como es muy difícil de entender que se aprueben legislaciones sin pensar en las consecuencias que previsiblemente desencadenarán, a pesar de informes muy fundados que debían llevar a anticipar la alarma social en delitos de violencia ejercida contra la mujer.
No se puede recompensar a quienes cometen violencia, ni se puede beneficiar a quienes cometen sedición, porque en esas acciones nuestro estado social y democrático de derecho se convierte en menos transparente, menos justo, menos igualitario, menos inclusivo. Luego no vale echarle la culpa a otros poderes del Estado, a otros partidos o a otros órganos institucionales. Luego estos problemas no se solventan a golpe de titular y alguna movilización social, porque se trata de movilizar a toda la sociedad y no a una parte contra comportamientos intolerables e incompatibles con los derechos constitucionales que hoy volvemos a proclamar en un contexto económico en el que la inflación, también respecto a los productos más necesarios, se come buena parte de los recursos de la gente, a lo que no ayuda el precio desbocado de los combustibles y la electricidad que ha hecho que en otros lugares se haya vuelto la vista hacia la energía térmica que aquí se ha liquidado anticipada e injustamente. Y menos aún, que la presión fiscal ahogue cualquier capacidad de ahorro de las familias y de inversión de los emprendedores.
Todos esos retos deben afrontarse dentro del marco constitucional, ya sea para los grupos municipales o para las decisiones gubernamentales que limitaron los derechos fundamentales de los españoles y sobre los que se han pronunciado los tribunales.
Terminamos haciendo un llamamiento a luchar por la solidaridad que, sin ser un valor fundamental constitucional, es el faro a cuya luz debe interpretarse cualquier mandato de los ciudadanos para proponer hacia dónde se quiere llevar el ayuntamiento, sus acciones y políticas sectoriales. ¿Puede ser Ponferrada más solidaria y más inclusiva con personas que nos tienen que dejar contra su voluntad? Ojalá en años sucesivos nuestros deseos del día de la Constitución vayan más allá de que se ponga coto a la sangría poblacional para poder centrarnos en avances sustantivos de la calidad de vida.
- Marco Morala es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada
