Doce municipios bercianos aplicarán las nuevas normas de urbanismo territoriales
El documento dirigido a los ayuntamientos que no disponen de planeamiento propio inicia la fase de alegaciones.
El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han presentado este miércoles a alcaldes de la provincia el documento que recoge la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) de ámbito provincial, que deberán aplicar 86 ayuntamientos que no tienen instrumento de planeamiento municipal propio.
Se abre ahora un período de tres meses de audiencia a estos ayuntamientos y de alegaciones de los ciudadanos. La previsión de la Consejería es que el documento definitivo pueda entrar en vigor en el segundo trimestre de 2023. Los municipios bercianos incluidos en esta nueva normativa son: Arganza, Balboa, Barjas, Benuza, Berlanga, Candín, Folgoso de la Ribera, Molinaseca, Oencia, Peranzanes, Puente de Domingo Flórez y Sancedo.
Las NUT sustituyen a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas en el año 1991, cuyo contenido ha quedado obsoleto, tal y como ha explicado Morán durante su intervención ante los alcaldes, en la que ha estado acompañado del consejero, del vicepresidente de la Diputación y diputado de Cooperación, Matías Llorente, y de la directora general de Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo. “Actualmente sois 86 los municipios sin planeamiento, el 41% de los 211 de la provincia, donde vivís 32.023 personas -el 7,6% de la población de la provincia-, pero cuyo territorio supone el 32%”, ha expuesto el presidente de la Diputación.
“Desde el año 91 se han producido muchos cambios sociales, en el modelo de familia, demográficos e incluso en los modelos y sistemas productivos, hoy ninguno de nosotros, en el campo o en la ciudad, vivimos ni trabajamos como lo hacíamos hace tres décadas”, motivo que justifica la importancia de este instrumento de ordenación, ha recalcado Morán, calificándolo de “absolutamente necesario para afrontar la conservación de los pueblos con un modelo que permita la diversidad de usos productivos para generar actividad económica y empleo y hacerlo con un modelo respetuoso y sostenible”.
Esta figura aparece recogida en la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y pretende aumentar la seguridad jurídica en materia urbanística respecto de los pequeños municipios, y de proporcionarles una normativa de ordenación urbanística básica que garantice la seguridad en la implantación de algunas actividades económicas que generan o fijan empleo en el medio rural. Los objetivos son delimitar el territorio, distinguiendo entre suelo rústico protegido, suelo rústico común y suelo urbano.
En la provincia de León hay nueve municipios que disponen de un Plan General de Ordenación Urbana (León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga, La Bañeza, Bembibre, Villablino y Valencia de Don Juan) y otros 116 municipios que disponen de Normas Urbanísticas Municipales (NUM) propias. De los municipios sin planeamiento, hay nueve que disponen de un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (instrumento que ya no existe en la Ley de Urbanismo) y el resto no tienen instrumento de ordenación, por lo que actualmente aplican las Normas Subsidiarias Provinciales.
La importancia de las NUT radica en que regulan los usos de una gran parte del suelo, soporte material de las actividades económicas del medio rural, regulación que resulta esencial para poder articular todas las fortalezas y oportunidades de futuro de esos municipios y la provincia, no solo para la Comunidad Autónoma, sino también para el conjunto de España y Europa.
La iniciativa nace de una colaboración institucional entre la Diputación de León y la Junta de Castilla y León, mediante la firma de un convenio de colaboración para contratar la redacción del instrumento y aprobarlo. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles la aprobación inicial de las NUT de ámbito provincial de León y abre un período de tres meses de información pública y audiencia a los 86 ayuntamientos de la provincia que deberán aplicar estas normas mientras no elaboren su propio planeamiento urbanístico.
