De la Mata, que lleva investigando la presunta financiación ilegal del PP desde febrero de 2017, cree haber cerrado el círculo: Bárcenas anotaba en sus estadillos los pagos en B que recibía y, «con una correlación objetiva, subjetiva y temporal», las empresas de los donantes resultaban adjudicatarias de contratos que dependían de administraciones controladas por los populares.
El instructor menciona a José Luis Ulibarri, de la empresa UFC, adjudicataria de una parcela municipal en Boadilla del Monte por 35 millones de euros, entre los empresarios que obtuvieron las adjudicaciones en coincidencia con las donaciones en B que habrían realizado al PP. «Ulibarri destinó al menos 1 millón de euros del precio que evitó pagar al Ayuntamiento de Boadilla a su distribución entre Correa, Crespo y Martín», indica el magistrado en su resolución.
