El tripartito lleva el viernes al pleno el contrato puente de los autobuses
El equipo de Gobierno espera adjudicar el TUP antes del 30 de junio de 2020 a una nueva concesionaria, por un período de dos años con la posibilidad de un tercero de prórroga.
La comisión informativa de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada ha dictaminado favorablemente este martes, con el único voto en contra del PRB, la propuesta de licitación de un contrato puente de dos años, con la posibilidad de un tercero de prórroga, para el servicio de transporte urbano de viajeros. La intención del tripartito que gobierna el consistorio es que el nuevo contrato se adjudique antes del 3o de junio del próximo año.
En una entrevista en la emisora Onda Bierzo, este lunes, el alcalde mostró su satisfacción por estar cerca de desbloquear un problema que no resolvieron hasta tres equipos de gobierno anteriores. Olegario Ramón dijo literalmente que “este alcalde pausado, triste y gris, como me definía un portavoz que no es precisamente Chiquito de la Calzada, va a solucionar así, de manera pausada, triste y gris, lo que otros equipos de gobierno, tres en concreto, no pudieron solucionar”.
El contrato con la actual concesionaria del servicio de transporte urbano de Ponferrada permanece en situación alegal desde marzo de 2012, sin que ninguno de los gobiernos municipales que se han sucedido desde entonces—presididos por Carlos López Riesco, Samuel Folgueral y Gloria Fernández Merayo, esta durante los últimos cuatro años— haya tomado una decisión al respecto.
Tras fracasar los intentos de licitar de nuevo el servicio, la anterior corporación aprobó en diciembre pasado la creación de una comisión especial encargada de emitir un dictamen sobre la fórmula que considere más adecuada para gestionar el servicio de transporte urbano de viajeros de acuerdo con la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
La nueva corporación ha heredado la patata caliente del transporte urbano de viajeros, que actualmente le cuesta más de un millón de euros anuales a las arcas públicas en concepto de déficit de explotación. Los técnicos del Ayuntamiento han advertido reiteradamente de la situación irregular del contrato con la concesionaria, participada por el empresario José Luis Ulibarri, para el que la fiscalía pide 7 años de prisión en una de las piezas de Gürtel e investigado por la trama Enredadera.
