Una asociación cuestiona el sistema utilizado para los presupuestos participativos
Todos en Marcha asegura que «el procedimiento deja mucho que desear en cuanto a democracia participativa e interacción de la ciudadanía se refiere» y sugiere medidas para mejorarlo.
El colectivo juvenil Todos en Marcha critica que el formulario habilitado por el Ayuntamiento no deja públicamente visibles en la web las propuestas presentadas, por lo que «nadie las puede así comentar y por tanto enriquecer, y ni tan siquiera la ciudadanía las podrá votar en este momento ni en ningún otro».
«Ya que el procedimiento en esta ocasión establece que una vez recibidas las propuestas se evaluarán técnicamente por parte del Ayuntamiento el cual será el único que elija entre aquellas que representen una necesidad urgente o entre las más demandadas a juicio de este», señala. Por ello, cree que se trata de «un proceso más encaminado a la apropiación de ideas por parte del poder que de un procedimiento para fomentar la democracia y la participación».
«Un procedimiento de participación ciudadana serio, más para un tema tan fundamental como los presupuestos, que son la única y verdadera herramienta para cumplir los planes políticos de un ente público debe empezar por su diseño, a través de un mecanismo previamente establecido a través de un reglamento u ordenanza municipal (principio de legalidad) y a través de una campaña que dé a conocerse a la ciudadanía (publicidad) atendiendo unos plazos razonables (y no hacerlo en pleno verano casi coincidiendo con las fiestas de la ciudad)», argumenta Todos en Marcha.
En opinión de este colectivo juvenil, un mecanismo de participación ciudadana «real» como el que se ha implantado en otras ciudades a través de un presupuesto participativo debería establecer varias fases: presentación de proyectos «a través de una plataforma tecnológica que los haga visibles a la ciudadanía»; revisión inicial de proyectos, desestimando aquellos que objetivamente no cumplan los requisitos; apoyo de proyectos «para posicionarlos entre los primeros y pasar a posteriores fases»; evaluación de proyectos, con un estudio por parte de la administración «más exhaustiva que la revisión inicial»; revisión de costes; y una votación final, que sería el último paso.
«Este procedimiento duraba en algunas ciudades como Madrid más de 6 meses, no apenas 10 días como ha hecho este Ayuntamiento. Otra vez más en Ponferrada se ha vuelto a improvisar y hacer una nueva chapuza», censura Todos en Marcha, que propone elaborar «una ordenanza para establecer un procedimiento claro, justo y de verdad democrático como tienen otras ciudades que han apostado decididamente en la democracia directa».
