El personal de confianza del tripartito queda en situación de ilegalidad
El PP insta al alcalde a igualar los derechos de todos los grupos o destinar el dinero a atender necesidades sociales.
La ratificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga al Ayuntamiento de Ponferrada a dotar de personal de confianza a todos los grupos representados en el consistorio deja en el aire la legalidad de los nombramientos efectuados mediante acuerdos plenarios que han sido anulados.
Así lo advierte este martes el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, que reclama al alcalde una «decisión rápida» sobre el cumplimiento de la sentencia, escogiendo entre «personal de confianza para todos o para ninguno». «Ahora mismo las personas de confianza de PSOE, CB y Podemos están en situación de ilegalidad sobrevenida, pues la sentencia anuló ese punto del orden del día», subraya.
En cuanto al gasto político añadido que esta sentencia puede ocasionar a las arcas municipales, estimado en unos 100.000 euros anuales, el PP insiste en que las únicas dos opciones para no vulnerar de nuevo el principio de igualdad pasan por dotar a los siete grupos municipales de personal de confianza o por eliminar estas figuras y destinar esa partida a atender necesidades económicas y sociales de la ciudad.
Morala ha destacado que Ramón es “el primer alcalde que conculca derechos fundamentales en Ponferrada”, y eso a pesar de que “en el Ayuntamiento de Ponferrada han pasado muchas cosas a lo largo de los años, ha habido enfrentamientos políticos y judiciales, pero ninguno revestía el carácter de este, la gravedad de vulnerar nada menos que derechos fundamentales”.
El portavoz popular criticó la “forma parcial y sectaria de entender el funcionamiento de la Corporación” mostrada por los responsables de los tres grupos que dan apoyo al equipo de Gobierno. “Algunos y algunas que se llenan la boca de invocaciones a la democracia, la justicia y la igualdad deben hoy estar maquinando nuevas insidias contra los jueces que ponen de manifiesto su antidemocrática manera de gobernar”, afirmó. “Desde este momento están señalados por esta forma ilegal de gobernar y cada acto que siga en esta corporación tendrá esa mancha jurídica y política”, añadió.
