Ecologistas en Acción reclama adelantar el cierre de las térmicas
Exigen que los planes de reducción de ozono en las comunidades más contaminantes contemplen aminorar el intenso tráfico urbano e interurbano y adelantar el cierre de las centrales térmicas de carbón.
Ecologistas en Acción ha registrado formalmente peticiones para que diez comunidades autónomas, entre ellas de Castilla y León, activen «sin más dilación» los planes de reducción de ozono para evitar que la «lamentable» situación de contaminación que se está dando en estas zonas se siga repitiendo cada primavera y verano.
Según informas la organización ecologista a través de un comunicado, estos planes deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades, manteniendo un modelo de ciudad «compacta» en la que se promueva el uso de medios de transporte más sostenibles como la marcha a pie, la bicicleta y un transporte público y colectivo alimentado con energía limpia procedente de fuentes renovables
También se reclama el adelanto del cierre de las centrales térmicas de carbón y su sustitución por energías renovables, además de que se pide la Gobierno que se una a Francia en la creación de un Área de Control de Emisiones que limite la entrada de buques altamente contaminantes en el Mediterráneo.
Desde Ecologistas se denunció que entre 2016 y 2018 se han incumplido los objetivos legales de protección de la salud y la vegetación establecidos para el ozono en la mitad de las 126 zonas en las que se divide el territorio español a efectos de este contaminante.
Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se han superado los objetivos legales de ozono son un centenar de las 475 que miden este contaminante en España. La ley estatal establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen esos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas.
Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera, se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central, que por otro lado tampoco ha elaborado el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace ya casi cuatro años, motivo por el cual está vista para sentencia una demanda de Ecologistas en Acción en la Audiencia Nacional.
