Desarticulada una red de explotación sexual en pisos, uno de ellos en Ponferrada

La Policía Nacional libera a 18 mujeres captadas en Colombia con falsas promesas de trabajo y obligadas a ejercer la prostitución.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en varias comunidades autónomas. Entre las ciudades donde operaba la red se encuentra Ponferrada, además de otras como Bilbao, Gijón, Santander, Oviedo o Burgos. La operación ha permitido liberar a 18 mujeres, todas de origen colombiano, y ha concluido con cinco personas detenidas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional.
La investigación arrancó en septiembre de 2024 tras la denuncia de una víctima que relató cómo fue engañada en Colombia con la promesa de un empleo en España. Una vez en el país, fue trasladada a Santander, donde comenzó su explotación sexual. El testimonio permitió destapar la existencia de una red que, con el tiempo, se ramificó en tres grupos independientes pero coordinados, con presencia en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León.
Las víctimas, mujeres en situación de gran vulnerabilidad, eran captadas en Colombia por una de las principales investigadas, que les ofrecía falsas oportunidades laborales en España. La organización costeaba el billete de avión y les entregaba dinero para aparentar ser turistas en frontera. Una vez en territorio español, les retiraban el pasaporte y les informaban de una deuda que oscilaba entre 3.000 y 8.000 euros, que debían saldar ejerciendo la prostitución.
Aunque algunas llegaron a pagar esas cantidades, las víctimas seguían ejerciendo en condiciones de semiesclavitud, repartiéndose el beneficio con los proxenetas y sin poder desvincularse de la red.
Disponibilidad total, violencia y consumo forzado de drogas
Las mujeres estaban obligadas a trabajar sin descanso, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Eran trasladadas cada 15 días entre distintos pisos, dificultando cualquier tipo de apoyo externo o arraigo. Si se negaban a trabajar, incluso por motivos de salud, eran agredidas.
Además, la organización las inducía al consumo de drogas para prolongar los servicios sexuales, y anunciaba esas sustancias como reclamo para los clientes. También las obligaban a abrir cuentas bancarias a su nombre para mover el dinero de forma opaca.
Durante la operación se realizaron siete registros domiciliarios, en los que se incautaron más de 12.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles y abundante documentación. También se bloquearon diez cuentas bancarias utilizadas para canalizar las ganancias obtenidas mediante la explotación sexual. Se ha decretado el cierre judicial de seis pisos utilizados como prostíbulos.