El PCE exige al Gobierno medidas para frenar el ERE de Teleperformance
El grupo parlamentario de Sumar registra en el Congres una batería de preguntas tras la visita a Ponferrada de Enrique Santiago.
El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha registrado a través del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno tras su reciente visita a Ponferrada, donde mantuvo un encuentro con representantes sindicales de Teleperformance. La iniciativa se produce como reacción al expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa ha comunicado a la parte social y que supondría el despido de 321 personas en todo el Estado, de las cuales 192 pertenecen al centro de trabajo de Ponferrada.
La secretaria comarcal de la formación Isabel Maroto ha manifestado que «el PCE está luchando en todos los frentes por la defensa del empleo en la comarca. No vamos a permitir que se destruya tejido productivo mientras el resto del país crece, no somos una comarca de segunda».
En la iniciativa registrada por Santiago se denuncia que el despido colectivo recae de forma desproporcionada sobre El Bierzo, una zona castigada por la despoblación, el paro y la desindustrialización. Además, se alerta de que 700 puestos en la empresa están cubiertos por ETTs y se plantea al Gobierno si investigará posibles fraudes en la utilización de empleo temporal, así como la posibilidad de reubicar a las personas afectadas por el ERE en esos puestos.
Entre las preguntas dirigidas al Ejecutivo se encuentra también si Teleperformance ha recibido subvenciones públicas, bonificaciones fiscales o reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, y si el Gobierno exigirá su devolución en caso de ejecutar los despidos. Asimismo, se pide al Ministerio de Industria que actúe para evitar la destrucción de empleo en El Bierzo, así como a la Inspección de Trabajo que garantice el cumplimiento estricto de la normativa laboral.
Desde el PCE se considera que este expediente forma parte de una estrategia más amplia de precarización y deslocalización empresarial que debe ser frenada con políticas públicas firmes y comprometidas con los territorios que más han sufrido el abandono industrial.
