[LOS GATOS DE CALLEJÓN] ‘Lawfare’

LAS GATAS | Otra palabreja del inglés que se ha “colado” en nuestra vida; ciertamente estamos acostumbrados a muchas intrusiones en nuestra lengua, casi siempre sin más razón que alardear de un modernismo huero y vano. No ganamos nada señalando que un establecimiento nos ofrece, por ejemplo “drinks & coffee”, en lugar de café y bebidas, pero la fuerza del inglés en el mundo comercial y de los negocios es tan arrolladora que resulta imposible hacerle frente.

Sin embargo, “lawfare” era desconocida, al menos para el gran público, hasta que se firmó el acuerdo entre el PSOE y Junts per Cataluña, que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, en un marco de relaciones cuestionado por una buena parte de la sociedad.

Siguiendo con la palabra y tirando de información de la web, parece ser que apareció por primera vez en 1975. Se trata de una combinación de las palabras “law”, ley y “warfare”, ir a la guerra, cuyo significado es ir a la “guerra jurídica”, según dice su creador el coronel del ejército americano, Charles J. Dunlap, y se enfocó en las denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos realizadas contra  los EE.UU. por parte de países y organizaciones en guerra contra este país. Si nos situamos en la invasión de Gaza por parte del ejercito israelí con su bárbara acción que muchas instancias internacionales califican de genocidio, “lawfare” sería el conjunto de acciones legales que Palestina podrá llevar a cabo para conseguir que tribunales internacionales condenen  sus actuaciones.

 Después, el concepto ha evolucionado y actualmente el diccionario de Oxford la define como “el conjunto de acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña contra un país o un grupo”. Y con este significado parece que, en España, han existido comportamientos del poder judicial que, para muchos, se ajustan perfectamente a este término. 

Por supuesto que la invocación del mismo ha producido una fuerte reacción en este poder del Estado, pero tanto sobresalto e indignación solo reflejan el malestar que produce ser objeto de la atención pública y que sus actuaciones sean analizadas de forma global por la sociedad española. Y hete aquí, que en el revuelo han aparecido artículos bien documentados sobre episodios de nuestro país en los que se señala como la actuación judicial ha podido perjudicar/beneficiar a determinados grupos políticos. Y también, en sentido contrario, como algún partido político ha ido a la guerra jurídica, por ejemplo, incumpliendo su obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros están en el cargo por un nombramiento que expiró hace cinco años, pero que se personan en los asuntos políticos, excediendo además del marco de sus competencias.

Algunos podrán decir que son comportamientos aislados que no deben utilizarse para valorar globalmente un elemento tan esencial de la arquitectura del Estado de Derecho español como el Poder Judicial. A nosotras, las gatas del callejón, nos suscita, cuanto menos, la duda, y nos parece que la solicitada reserva para el tratamiento de sus asuntos y colocar estos temas fuera del dominio público sólo sirve para facilitar conductas poco claras que pueden no responder al interés general. Digamos que no encontramos lógico, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional tuviera retenida la resolución del recurso planteado por el PP sobre la Ley del aborto, durante más de diez años, y que con la renovación de sus miembros en el año 2023, pudiera resolverse en 10 días. O que Podemos haya sido objeto de investigaciones sostenidas durante varios años, que han estado en los medios de comunicación constantemente, comprometiendo su reputación pública, por actuaciones que han sido finalmente archivadas. Si, si; otra vez casos concretos, pero en todo caso, para evitar en todo lo posible que se produzcan y minimizar su impacto social, somos fervientes partidarias de que sus actuaciones estén bajo la luz pública. Nos parece un tanto histriónica la petición del presidente en funciones del Consejo general del Poder Judicial, sr Vicente Guilarte, pidiendo al ministro de Justicia: “déjenos en paz”. Busquen Vds la paz, por ejemplo, dimitiendo de sus cargos y forzando su renovación; renunciando a las puertas giratorias que les permiten alternar la vida política y la profesional y aceptando que su trabajo esté bajo el escrutinio público, como lo están los otros poderes del Estado. Prediquen con el ejemplo.

La polémica del “lawfare” no nos parece ociosa; ha servido para poner el foco en un tema importante y el malestar creado no es inútil; es posible que la “amenaza” de someterse a la controversia pública afine un poco las conciencias y las actuaciones.

Y visto –todo– lo visto, estamos en contra de que “los jueces elijan a los jueces” dejando al margen a la sociedad representada por el Parlamento. El sistema actual, que puso en pie un gobierno popular con el ministro Ruiz Gallardón ya les concede un espacio de participación. Pero lo que pretenden, y ahora el PP predica, se llama corporativismo y sobre los resultados que produce, ya existe experiencia suficiente para huir como de la peste.

Bercianas, perdón por tanto entrecomillado; y felices fiestas.