El juicio a la alcaldesa de Fabero se retrasa un año por la huelga de letrados
La nueva fecha de la vista, en febrero de 2024, desata las especulaciones sobre el futuro político de Paz Martínez Ramón.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada ha fijado para los días 26 y 27 de febrero de 2024 la fecha del juicio oral contra la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, y otros tres acusados, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de personal municipal. La vista que debería haberse iniciado este lunes fue suspendido a causa de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.
El aplazamiento del juicio hasta dentro de un año desbarata las esperanzas de Paz Martínez de obtener una sentencia absolutoria antes de que se confecciones las listas para las elecciones municipales del 28 de mayo, La alcaldesa de Fabero, que se negó a dimitir como le pedía la dirección del partido en cumplimiento del código ético del PSOE, seguirá suspendida de militancia hasta que el juzgado dicte sentencia.
Este giro de los acontecimientos provocado por la huelga que mantienen los letrados (antes secretarios judiciales) podría tener consecuencias políticas de cara a los comicios locales de mayo. La alcaldesa estaría barajando la posibilidad de concurrir a la reelección al frente de una candidatura independiente, mientras en el PSOE toma cuerpo la opción del anterior regidor, Demterio Alfonso Canedo, que precisamente fue apartado en 2015 por una imputación judicial de la que finalmente resultó absuelto.
Tres años de suspensión para empleo o cargo público
La Fiscalía pide para cada uno de los tres imputados en el procedimiento una pena de tres años de suspensión para empleo o cargo público, así como ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros, y la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
La causa afecta a las contrataciones de personal en el Ayuntamiento, después de que el fiscal trasladase al juzgado la denuncia presentada por el entonces portavoz de Ciudadanos –ahora en el PP–, Andrés Pérez Marote. El edil aseguraba haber detectado un «uso clientelar» de las contrataciones por parte de Paz Martínez, poniendo como ejemplo el caso de una familiar directa del exalcalde Demetrio Alfonso Canedo.
A partir de ese caso, Pérez Marote examinó todas las contrataciones de trabajadores del año 2016 y se encontró con que «entre 25 y 30» casos de los «100 o 120» expedientes realizados presentaban presuntas irregularidades. Por ello decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía de Área de Ponferrada que, a su vez, dio traslado de las actuaciones al juzgado para la apertura de las oportunas diligencias de investigación y formuló escrito de acusación tras prestar declaración los implicados.
