La Diputación de León ha celebrado este viernes pleno en sesión extraordinaria para aprobar una transferencia de dos millones de euros de los remantes de la institución provincial al Instituto Leonés de Cultura (ILC) que se destinarán a poner en marcha una nueva convocatoria del Programa R bajo la denominación Programa R2.
El acceso al monasterio de Santa María de Carracedo, ubicado en el municipio berciano de Carracedelo, será de carácter gratuito durante todo el tiempo que duren las obras de restauración y consolidación que se están efectuando en el monumento, unos trabajos que no solo mejorarán el estado general del edificio, sino que le dotarán de eficiencia energética y de una accesibilidad más adecuada.
La Junta subvenciona a ola Diputación para que elabore un plan estratégico de la provincia con la vista puesta en el año 2030.
La Diputación tiene desde hace años un proyecto «desde los tiempos de los fondos Miner» que permanece paralizado.
Los organizadores de la protesta se quejan de que ni el Ayuntamiento de Vega de Espinareda ni la Diputación atienden sus demandas.
El vicepresidente de la Diputación y portavoz de UPL acusa a Coalición por El Bierzo de difundir «falsedades».
“Todavía no tenemos las bases cuando el resto de la provincia va por la segunda fase”, critica la portavoz en el Consejo Comarcal.
Los bercianistas reprochan al vicepresidente de la Diputación por la UPL el «agravio comparativo» al Consejo Comarcal.
El Instituto Leonés de Cultura (ILC) reparte 200.000 euros para la restauración de edificios de arquitectura tradicional entre los que se encuentran once molinos, siete hórreos, tres chozos, dos pajares, un palomar, una palloza, una ermita con cubierta de paja y una fábrica de luz.
El Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha aprobado, por unanimidad, el reparto de 6 millones de euros de las ayudas enmarcadas bajo el Programa R, una línea de subvenciones para financiar hasta el 90% de las obras de rehabilitación, recuperación y reactivación de bienes del patrimonio inmueble que cuenten con algún tipo de protección y sean propiedad de ayuntamientos, juntas vecinales y fundaciones.
